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No tuvimos reporte de a quién se le dio la recompensa: Julieta Castellanos

Alrededor de 3,000 ametralladoras AK-47 salieron de las instalaciones del Comando de Operaciones Especiales Cobras.
18.11.11 - Actualizado: 18.11.11 10:29pm - Redacción: redaccion@elheraldo.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

"Si hoy las armas AK-47 están disponibles en las Fuerzas Armadas, deben ser destruidas".

Esa es la conclusión a la que ha llegado la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos Ruiz.

La funcionaria considera que la cifra que se maneja sobre las armas AK-47 en poder de los militares y que fueron entregadas por la población al Estado aún está incompleta y no responde a todo lo que se debe responder.

"La información inicial es que se habían entregado tres mil armas y no solo AK-47, sino otras armas ilegales que no son de uso oficial", dijo.

Castellanos manifestó que lo último que se sabe es que la Policía envió al Comando de Apoyo Logístico del Ejército (CALE), alrededor de 1,500 armas, por lo que allí queda una duda en relación al destino que han tenido las otras armas.

"Yo creo que por una parte el Ministerio Público tiene que indagar sobre este tema. Pero además, el destino de estas armas debe ser su destrucción", enfatizó. Recordó que las ametralladoras AK-47, es un fusil que en Honduras no está dentro de las armas oficiales que usa el Ejército".

Cuando Julieta Castellanos laboraba en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el año 2003, se firmó un convenio con la Secretaría de Seguridad para destruir las armas prohibidas.

"Las armas AK-47 no se pudieron destruir en el 2003 porque la Fiscalía de Derechos Humanos, quería una prueba balística de cada arma, pero lo que entregaba la Policía al PNUD eran solo los pedazos que no tenían ninguna utilidad, estaban oxidadas y nosotros consideramos que eso no era lo que nosotros habíamos hablado con ellos, porque nosotros íbamos a destruir las armas que estaban completas y en buen estado", aseguró Castellanos.

Sin información

"Todo se detuvo porque no tuvimos acceso a las armas. Tampoco tuvimos información ni el reporte económico a quién se le había entregado la recompensa que incluía mil lempiras por arma que se entregara", enfatizó la rectora.

Consideró que todas las armas que no están permitidas que sean utilizadas tanto por la Policía deben ser destruidas a través de los procedimientos establecidos y que se debe contar con la logística necesaria, ya que ese proceso representa peligro para las personas que lo realizan.

"Las ametralladoras que se van a destruir deben estar en depósito y realizarles una minuciosa revisión donde se determina que no tienen proyectiles en su interior", señaló.

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