Honduras
El aumento unilateral al salario mínimo que decretó el presidente Manuel Zelaya ha impactado “drásticamente” al sector educación.
Por un lado, las instituciones educativas privadas se encuentran en crisis por el aumento intempestivo en los costos de operación y por otro, el gobierno deberá aplicar la “madre de todos los paquetazos” para poder pagar unos 14,000 millones de lempiras, que según la Asociación Nacional de Industriales (Andi), le corresponde en incrementos a los docentes en el sistema educativo público para el próximo año.
La situación es alarmante. Los centros educativos privados ya han comenzado a despedir hasta las niñeras que se encargan de cuidar a los pequeños que asisten a clases.
Según el encargado de uno de los centros de educación bilingüe que funcionan en la capital, quien pidió el anonimato, el incremento que aprobó el presidente Zelaya sin previa consulta al salario mínimo, está a punto de ocasionar el cierre de varios centros educativos que durante años han funcionado en el país.
“Cada bus que nosotros tenemos gasta 20,000 lempiras en combustible al mes, más los 5,500 lempiras de salario que ahora se le debe pagar a la niñera y 5,500 lempiras al motorista dividido entre los 23 niños que traslada cada unidad significa que cada padre debería pagar más de 1,300 lempiras solo en transporte, es un costo demasiado elevado”, explicó el encargado del centro.
El cálculo no incluye el mantenimiento de la unidad ni su depreciación.
En las instituciones educativas privadas han comenzado los despidos de guardias, motoristas, personal de mantenimiento, aseo e incluso algunos profesores.
Según el presidente de la Federación de Instituciones Educativas Privadas, Carlos Héctor Sabillón, el impacto del incremento al salario en estas instituciones educativas es mayor, pues se deben asignar incrementos tanto al personal docente como no docente.
“Ya hay escuelas que han cerrado porque la matrícula ha disminuido, uno de los casos es la Montes de Olivo School, está el instituto Minerva que también ha cerrado porque la matrícula ha bajado”, explicó Sabillón.
Aumentos
Según Sabillón, el aumento en los costos de operación a consecuencia del incremento inconsulto al salario mínimo podría obligar a las instituciones educativas a incrementar hasta en un 60 por ciento la colegiatura por cada estudiante.
Para el caso, Roxana Mejía, madre de familia, dijo a EL HERALDO que en la escuela de su hijo se incrementó la matrícula de 2,500 a 5,000 lempiras y la colegiatura o mensualidad de 2,200 a 2,500 lempiras.
“Con este incremento salvaje al salario mínimo, pues tendrá que haber un incremento en las colegiaturas, porque hay centros educativos con problemas para absorber este costo tan elevado”, advirtió el representante de las instituciones privadas.
Otro fenómeno que se viene dando en las instituciones privadas es la cantidad de cartas de padres de familia que se reciben a diario implorando compases de espera para poder pagar las colegiaturas.
“Actualmente mi esposo y yo nos hemos quedado sin empleo, por esta razón nos ha sido imposible poner al día los pagos de las colegiaturas”, dice una de las cartas a la que tuvo acceso EL HERALDO.
Las instituciones educativas privadas también han optado por eliminar las jornadas nocturnas que durante años se han ofrecido a jóvenes y adultos que no han logrado culminar sus estudios por motivos de trabajo.
El principal motivo es la disminución sustancial en las matrículas, explicó Sabillón.
Las instituciones educativas han planteado que interpondrán recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del decreto de aumento al salario mínimo.
Educación no puede regular los cobros
El secretario de Educación, Marlon Brevé, dijo ayer que esa entidad no tiene facultad de regular los cobros que se hacen en las instituciones educativas del sector privado.
Brevé sostuvo que la Fiscalía de Protección al Consumidor deberá iniciar un proceso de investigación para que no se cometan abusos en contra de los padres de familia.
“Nosotros no tenemos la competencia para aprobar o desaprobar aumentos en las matrículas de los colegios privados, ese es un problema de libre mercado y en este caso lo que pedimos es que las autoridades de la Fiscalía de Protección al Consumidor inicien un proceso de investigación para que no se comentan abusos”, manifestó el funcionario.
Denuncias
Brevé recomendó a los padres de familia estar vigilantes y que denuncien los casos de abusos en cobros.
“Los padres de familia deben estar vigilantes y denunciar estos casos porque es difícil controlar a la empresa privada y en este caso no hay una normativa de ley que permita controlar los precios”, puntualizó.
De acuerdo con expertos en el tema, los padres de familia deben hacer uso de la oferta y la demanda, es decir, buscar servicios educativos de calidad a precios accesibles.
Según se ha venido manejando, no todos los centros educativos privados subirán su matrícula, por el temor a que éstas disminuyan.