Políticos y Ejecutivo imponen sus magistrados

La discordia entre los miembros de la Junta Nominadora que luchan por una selección de candidatos a magistrados con honestidad e independencia y los que empujan para que se incluya a personas políticas, afines al gobierno, explotó públicamente ayer, a solo cinco días para que se termine el período para enviar el listado al Congreso Nacional.

Las amenazas de boicot al trabajo que venía realizando la comisión nominadora quedaron en vilo desde las reuniones del sábado y domingo, cuando el grupo de trabajo se dividió en dos.

Pero la inconformidad se vio manifestada abiertamente hasta ayer, cuando los integrantes se enfrentaron verbalmente y de manera pública defendiendo sus posiciones.

Los mismos miembros del grupo de trabajo manifestaron que el representante de la UNAH, el de la Corte Suprema y el del Colegio de Abogados formaron un grupo y comenzaron a presionar para incluir en el listado a aspirantes ligados directamente con un partido político y que también están señalados de cometer actos ilegales.

Se dio a conocer que entre los aspirantes que quieren ser impuestos están: Estela Cardona, Guillermo Caballero, Martín Baide Urmeneta, Ramón Echeverría, Lidia Sagastume, Óscar Chinchilla Banegas, Marco Vinicio Zúniga, José Antonio Mejía Mejía, Nicolás Cruz Madrid, Víctor Manuel Lozano, Marco Javier Almendares, Antonio Cálix, Roger Rafael Ordóñez, Juan Carlos Barrientos, Silvia Trinidad Santos, Gustavo Palma y Victoria Bertrand.

Todos ellos aparecen en la lista de 97 candidatos seleccionados.

La Junta tiene que escoger un mínimo de 45 para enviar la lista a más tardar el 23 de enero al Congreso Nacional.

El comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, denunció que además de los partidos políticos tradicionales, Casa Presidencial está presionando para imponer a magistrados en la Corte Suprema que son muy afines al gobierno.

Los miembros de la Junta Nominadora están recibiendo llamadas telefónicas desde la Casa Presidencial pidiendo la reelección de dos magistrados de los 15 que actualmente integran el poder judicial, afirmó.

Estos magistrados son Carlos Gómez Moreno y Sonia Marlina Dubón, esposa del actual ministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza.

El presidente Manuel Zelaya ha dicho públicamente que si de él dependiera los candidatos ya hubieran sido electos, pero subrayó que son los diputados los que tienen esa facultad.

Obstáculos

Tal como lo habían previsto ciertos miembros de la comisión, las presiones para obstaculizar el trabajo de selección comenzó con la osadía de querer imponer candidatos y, como esto no se dio, entonces se rompió el consenso para realizar la selección.

A esto se sumó la infidencia del presidente del Colegio de Abogados, Óscar García, quien aceptó que fue él quien filtró un listado leído en un programa de televisión y del cual se desprendieron otros listados que están generando confusión.

“Yo no he filtrado nada, yo la envié, paladinamente yo lo reconozco; además yo pedí autorización, que me dieran la información para darle cumplimiento a la Ley de Transparencia.

Con Melgar (Edgardo) no somos compadres, somos primos, amor no quita conocimiento, esos son celos profesionales”, dijo García cuando se le preguntó si él era el infidente.

Sobre si él es el más interesado en generar controversia para que el listado no se presente, García sostuvo que son los otros que no quieren seguir las reglas, “quienes simplemente vinieron y me dijeron quién te interesa a ti, quién me interesa a mí, yo no soy de estos.

Por eso di a conocer la lista a la luz pública”, justificó.

A su criterio, él no ha dividido al grupo, pues lo que ha hecho es tomar posiciones de acuerdo al interés nacional.

“Hay gente que quiere satanizar a los partidos políticos, y no porque se pertenezca a un partido hay que excluirlo, se quiere escoger con base a ‘yo pongo a fulano, vos poné al otro’”.

Sobre su vínculo con el aspirante Juan Carlos Barrientos explicó que ambos son maestros universitarios, “no hay vínculo porque el es liberal y yo soy nacionalista”.

A pesar de todo, aseguró estar dispuesto a terminar el trabajo y mandar el listado al Congreso Nacional, el cual tiene que respetar la nómina enviada. Todavía hay tiempo hasta el viernes”, manifestó.

El representante de la clase trabajadora, Israel Salinas, lamentó las infidencias y las diferencias que se están dando y abogó por la reflexión y el esmero para terminar la misión.

Según él, “la Junta está en el tiempo perentorio para lograr un acuerdo, y según la Ley Orgánica tenemos hasta el 23 de este mes para presentar la lista”.

Transparencia

Después del ambiente hostil que se vivió en la Junta por la mañana, los ánimos regresaron a la normalidad con el compromiso de los nominadores de terminar el trabajo encomendado.

Al final de la reunión dieron a conocer un comunicado donde informaron que “se restauró el ambiente de trabajo propio de la importante misión que le ha sido encargada”.

Cada uno de los miembros reitera su compromiso patriótico para cumplir con la tarea encomendada.

En cumplimiento a los principios de publicidad y transparencia, la Junta entregará la información oficial sobre el avance del proceso en la página de internet de la Junta Nominadora, que está en el portal del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Las reuniones de trabajo se reanudarán a partir de este día, dice el comunicado.

Ratificación

El Partido Nacional, en otro comunicado, ratificó su posición de que “debe respetarse absolutamente la lista” de al menos 45 propuestos por la Junta Nominadora.

“Esa ha sido la única posición del Partido Nacional y de su candidato presidencial Porfirio Lobo Sosa, la cual fue hecha pública el 9 de enero”, dice.

“Esperamos que la confianza depositada en la Junta Nominadora y el procedimiento por ellos establecido nos darán un resultado satisfactorio, que sea compartido por todos los sectores de la hondureñidad, garantizando que la lista final no atenderá ningún interés de grupo o personal”.