Magistrados no atienden “líneas políticas ni económicas”: Rivera

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya tienen definidas las funciones que desempeñarán en este Poder del Estado.

En el segundo pleno celebrado en la nueva sede del máximo tribunal de justicia del país se aprobó la integración de las cuatro salas que conocerán y emitirán sentencias definitivas en las diferentes ramas del derecho.

La Sala Constitucional estará coordinada por Rosalinda Cruz y estará conformada además por José Ruiz Gaekel, Óscar Chinchilla, José Gutiérrez y Gustavo Bustillo.

Estos resolverán los recursos de amparo, inconstitucionalidad y habeas corpus.

La Sala Penal estará coordinada por Raúl Henríquez y la integran Jacobo Cálix y Carlos David Cálix, quienes resolverán los recursos de casación y revisión de sentencias en esta materia penal.

La Sala Civil la coordina Jorge Reyes y lo acompañarán Marco Zúniga y Edith López.

Finalmente, la Sala Laboral es coordinada por José Arita y constituida además por Víctor Martínez y Rosa Paz, los que sentenciarán casos de conflictos laborales.

Las asignaciones fueron aprobadas por la unanimidad del pleno y firmado el primer oficio por el presidente de la CSJ, Jorge Alberto Rivera.

“Aquí no nos imponemos, tomamos en consideración la experiencia y el deseo de cada uno de los magistrados.

Se integraron las salas con la instrucción de resolver los casos de acuerdo a los términos legales, sin ‘engavetar’ expedientes”, expresó Rivera.

De acuerdo al reglamento, la coordinación de cada una de las salas será rotada cada año.

Por otro lado, en la reunión del pleno se decidió, por unanimidad de votos, que los nombramientos, remociones o destituciones de personal jurisdiccional serán por acuerdos del pleno de la CSJ, informó Rivera.

Antes estas facultades estaban centralizadas en el titular del Poder Judicial, lo que queda sin valor y efecto para que sea más democrático.

No siguen línea

El presidente Manuel Zelaya pidió a los nuevos magistrados de la CSJ rechazar los 268 recursos de amparo interpuestos por empresarios en contra del salario mínimo.

“Son los deseos del presidente Zelaya, nosotros aplicaremos lo que en derecho corresponde, estamos aquí en una actitud eminentemente neutral”, afirmó Rivera.

Asimismo, Zelaya cuestionó que el sector empresarial propone magistrados y que estarían defendiendo intereses económicos.

“Entiendo que aquí no habemos de un sector determinado, el Cohep hizo una escogencia a nivel general, los trabajadores, y la Corte Suprema no estamos atendiendo ninguna línea ni política económica, estamos en pro de la defensa del estado de derecho y de la aplicación imparcial de la ley”, aseguró Rivera, quien no calificó como una intromisión la petición del mandatario y confía en que todas las resoluciones se adoptarán por unanimidad y no siete a ocho votos.

Por su parte, la coordinadora de la Sala Constitucional, Rosalinda Cruz, aseguró que ya iniciaron con el estudio de los recursos contra el salario mínimo para resolver a la brevedad y dar una respuesta.

Cruz, quien fue propuesta por el Cohep ante la Junta Nominadora, aseguró que no defiende intereses económicos.

“Hice un juramento al momento de tomar posición de mi cargo y obedecer ese mandamiento independientemente de quién haya hecho las nominaciones, vamos actuar conforme a derecho”, aseguró la coordinadora.

Los magistrados garantizaron que no aceptarán presiones y que considerarán como inexistentes a quienes se atrevan influir en sus decisiones.

“No puedo aceptar ni admitir algo que no concibo”, puntualizó Rivera.