Diputados vuelven al CN con alta mora legislativa

Como si se tratara del primer día de clases de un nuevo año escolar, los diputados retornaron ayer a sus curules para reanudar la actividad legislativa correspondiente al último año del presente gobierno constitucional.

Como ya se ha vuelto costumbre, los congresistas volvieron a ratificar que la puntualidad no es parte de su comportamiento, un estilo que se impone desde la Junta Directiva, cuyos miembros no comienzan las sesiones a la hora programada.

La sesión fue convocada para las cuatro de la tarde y se inició con dos horas de retraso.

La impuntualidad y la parsimonia con que los diputados realizan su labor contrasta con la gran cantidad de iniciativas de ley que se encuentran estancadas desde el inicio del presente gobierno.

Agenda rezagada

El secretario de la Junta Directiva, José Alfredo Saavedra, informó que entre los temas de agenda se encuentran, entre otros, gran cantidad de decretos del Poder Ejecutivo relacionados con préstamo y adjudicación de recursos financieros para reparación y mantenimiento de carreteras.

Saavedra reconoció que el Congreso Nacional acusa una gran mora legislativa, por lo que los diputados deberán redoblar esfuerzos para aprobar la nueva Ley de Minería, revisar la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, como también las disposiciones legales relativas a la Ley de la Policía y la dirección de investigación Criminal y el Ministerio Público.

También están pendientes otras iniciativas como la Ley de la Judicatura y las reformas al Código de Procedimientos Penales.

Otra legislación que está engavetada es la Ley de Telecomunicaciones, así como la Ley de Reordenamiento Territorial.

El presupuesto

Por otra parte, está por expirar la vigencia del presupuesto del ejercicio fiscal 2008 que fue ampliada hasta el 26 de febrero de 2009.

La prórroga se produjo debido a que el Poder Ejecutivo no envió en tiempo y forma el proyecto de presupuesto de 2009 para que fuese analizado y discutido por la comisión correspondiente.

Según el artículo 368 de la Constitución de la República, al haber inconveniente de aprobar el presupuesto, queda facultado el Congreso Nacional de prorrogar la vigencia de la ley del año anterior.

El presupuesto de 2008, correspondiente al Gobierno Central, con sus ampliaciones llegó a la cantidad de más de 66 mil millones de lempiras, mientras que el de las instituciones descentralizadas anduvo por la cantidad de 48,000 millones de lempiras.

Según los críticos, el gobierno apenas pudo ejecutar el 52 % del presupuesto aprobado para el año 2008, lo que equivale a decir que no se realizaron varias obras programadas, y que algunos recursos gastados constituyeron un derroche de las finanzas públicas.