Honduras irrespeta derechos en frecuencias

Un irrespeto estatal en el cumplimiento de sentencias emanadas por la Corte Suprema de Justicia, sobre adjudicación de frecuencias televisivas, establece un informe del Departamento de Estado, de Estados Unidos.

Anualmente, el Departamento de Estado elabora un reporte sobre la situación de violaciones a derechos humanos en los países del mundo.

En dicho informe existe un apartado sobre las sentencias judiciales firmes que adjudican las frecuencias de los canales 8 y 12 a las empresas Teleunsa y Eldi, respectivamente.

A pesar de existir estas sentencias, el Estado se niega a cumplirlas.

“En agosto, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), haciendo caso omiso de un fallo del juez, que había transferido los derechos de emisión en el Canal Ocho de una empresa privada, Teleunsa, los transfirió a la Oficina del Presidente.

A principios de año, Conatel se negó a liberar los derechos de transmisión de Canal 12 a su propietario, la empresa Eldi.

El 20 de noviembre, una sentencia judicial ordenó a Conatel a entregar los derechos de difusión a Eldi, sin embargo, Conatel no había cumplido aún a finales del año 2008”, cita textualmente el Departamento de Estado, que actualmente es dirigido por Hillary Clinton, en la sección sobre la Libertad de Discurso y Prensa.

Dicho informe fue elaborado el pasado 25 de febrero.

Con este reporte, el Departamento de Estado reconoce los fallos judiciales que otorgan las frecuencias a Teleunsa y Eldi.

“El Departamento de Estado procedió a emitir un informe en el cual señala que el propietario de la frecuencia de canal 8 es la empresa Teleunsa y de canal 12 es Eldi y que a la fecha, Conatel no ha cumplido esa orden judicial”, manifestó Jorge Calderón apoderado de Teleunsa y Eldi.

Se demuestra la existencia de una inseguridad jurídica, lo que es dañino para el país, reaccionó Elías Asfura, propietario de ambas empresas.

Por su parte, el presidente del Codeh, Andrés Pavón, teme que el no acatamiento de las sentencias judiciales sea una política de Estado.

“Es una situación que retrata una realidad a la comunidad nacional e internacional sobre la falta de protección jurídica”, dijo Pavón ante lo plasmado por el Departamento de Estado. “La actitud de rebeldía da una imagen que en Honduras no hay garantías judiciales ni la libre inversión”, lamentó.