En las calles se defenderá la democracia y la Constitución

El Frente Cívico para la Defensa de la Institucionalidad Democrática anunció ayer que agotará todas las instancias legales para impedir que se instale una Asamblea Constituyente que derogue los artículos pétreos a través de una nueva Constitución.

El frente no solo emprenderá acciones legales, sino que también está dispuesto a irse a las calles con tal de defender el sistema democrático, dijo el dirigente liberal Enrique Ortez Colindres.

Dicha instancia fue constituida el viernes por personalidades del sector político, empresarial y sociedad civil, con el objetivo de frenar las pretensiones continuistas del presidente Manuel Zelaya y un grupúsculo de funcionarios.

A la reunión convocada por el Consejo Nacional Anticorrupción asistieron políticos como Enrique Ortez Colindres, Rafael Pineda Ponce, Efraín Díaz Arrivillaga, German Leitzelar y Olban Valladares; los empresarios Emilio Larach, Jorge Bueso Arias y el presidente del Colegio de Periodistas Elan Reyes; por la sociedad civil Leo Valladares y Mauricio Díaz y Leonardo Villeda por el Foro Nacional de Convergencia, entre otros.

Ortez Colindres dijo que entre las instancias legales está el Ministerio Público, que ya se pronunció.

También el Tribunal Supremo Electoral y dependiendo del resultado que se obtenga en este organismo se acudirá a la Sala de lo Constitucional, al pleno de la Corte Suprema y en última instancia se irá a las calles.

Juan Ferrera, coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción, explicó que todos los integrantes del Frente Cívico coinciden en que se debe consultar al pueblo sobre sus principales preocupaciones, sin que esto signifique engañar al pueblo y dar un zarpazo a la Constitución.

Ferrera declaró que el marco jurídico vigente permite la reforma en 372 de sus 379 artículos y prohíbe que las disposiciones pétreas sean reformadas o derogadas so pena de cometer el delito de traición a la patria.

El analista Efraín Díaz Arrivillaga advirtió que la democracia no está en riesgo, pero es necesario que los golpistas y continuistas sepan que hay un grupo de hondureños que impedirán sus pretensiones.

Recurso

En cuanto al recurso interpuesto por la Fiscalía, los miembros del Frente Cívico consideran que el Ministerio Público (MP) está haciendo lo correcto dentro del marco de sus atribuciones y cumpliendo con su función constitucional de garantizarle a la sociedad el respeto de la ley.

El MP presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo un recurso de nulidad con suspensión del acto reclamado, en el que pide la nulidad de la propuesta del Poder Ejecutivo de realizar una consulta popular a través del Instituto Nacional de Estadísticas para convocar a una Asamblea Constituyente, por considerarla "ilegal e inconstitucional".

De acuerdo con el procedimiento, y por tratarse de una demanda contra el Estado, dicho expediente deberá ser trasladado a la Procuraduría General de la República, para que se pronuncie en el término de tres días hábiles; posteriormente, el juzgado resuelve y una vez decretado la suspensión del acto reclamado, el Poder Ejecutivo no podrá realizar ninguna actividad porque, de lo contrario, incurrirá en responsabilidad civil y penal.

Al respecto, ex presidente del Congreso, Rafael Pineda Ponce, sostiene que la decisión del MP "es acertada" porque la consulta que propone el Poder Ejecutivo está "desorientada" en su forma de aplicación.

Según Pineda Ponce, la consulta popular es valedera y no debe esquivarse, pero dentro de la Constitución y de las leyes que ya establecen las figuras del plebiscito y el referéndum.

Los ministros que apoyan el zarpazo a la constitución indicaron que usarán la ley de Participación Ciudadana, por lo que procederán a la recolección de unas 500,000 firmas para validar la demanda del pueblo de ser consultado.

Policía no lo capturará, asegura Manuel Zelaya

El gobierno aseguró ayer que la consulta se realizará aunque no sea convocada de forma legal, tal y como lo establece la constitución.

De esta forma, el Ejecutivo sentó su posición de ir en contra de las acciones emprendidas por el Ministerio Público para salvaguardar la democracia.

Los voceros oficiales calificaron la demanda de la Fiscalía como “aberración jurídica”, alegando que el decreto que ordenó las encuestas nunca fue publicado en el diario La Gaceta, por tanto, dijeron que la demanda fue interpuesta a partir de un “hecho virtual”.

La fiscalía conocía este argumento, por eso presentó un recurso de nulidad ante lo contencioso y no un amparo ante la sala Constitucional. Aunque el decreto no ha sido publicado, el Ejecutivo ya ha derrochado recursos y trabaja en todo el montaje de la consulta ilegal, con lo cual quieren montar la “urna del continuismo”.

Zelaya mostró absoluto desconocimiento de la ley al asegurar que el Congreso no tiene potestad para convocar a una consulta como la que él pretende hacer en junio.

La Constitución ya establece los mecanismos mediante los cuales solo el Congreso Nacional puede dar luz verde a los plebiscitos y el referéndum.
En la parte final de su conferencia, el presidente advirtió que no “nos van a amedrentar” y que el 29 de noviembre no van a poder meter a la cárcel a un millón de personas que votarán en la cuarta urna o “urna del continuismo”.

Si lo que pretenden es meter preso al Presidente, advirtió que tampoco lo van a lograr porque la policía no va a prestarse para su captura.

Horas antes, el mandatario reconoció que había obstáculos jurídicos para llevar a cabo la consulta y, por tanto, tenían que discutir en torno al procedimiento que se ejecutará.