Supuesto despilfarro en promoción de consulta

El despilfarro de millones de lempiras en promocionar la encuesta de junio y, consecuentemente ,la cuarta urna es investigado por los entes contralores y fiscalizadores del Estado.

En una megacampaña, el Poder Ejecutivo impulsa por varios medios la consulta de junio y la cuarta urna que quiere instalar en las elecciones generales de noviembre.

El pago de espacios de publicidad en medios de comunicación y compra de sticker, camisetas y vallas, entre otros accesorios, forma parte de una millonaria inversión que ejecuta el gobierno para promocionar estas actividades que para la mayoría son atentatorias contra la Constitución y las leyes.

Los funcionarios del gobierno evaden responder las interrogantes sobre cuánto dinero se ha erogado en promocionar estas inciertas actividades, que fueron impugnadas por el Ministerio Público por considerar que tienen fines ilícitos.

Atendiendo petición de la Fiscalía contra la Corrupción, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) iniciará una amplia investigación.

“El TSC recibió de manera formal una solicitud del Ministerio Público acerca de que hiciéramos las investigaciones de los supuestos gastos incurridos en la promoción de lo que se le hace llamar la cuarta urna, lo cual obviamente el Tribunal lo hará conforme su normativa y le dará el trámite que corresponda en su momento oportuno”, informó el presidente del TSC, Renán Sagastume.

La petición la hizo el fiscal general Luis Alberto Rubí, la que ingresó formalmente a la Secretaría del TSC y se trasladó a la unidad correspondiente.

“Viniendo de una solicitud formal del Ministerio Público, se le va dar la prioridad del caso”, añadió.

Base legal

El TSC evacuará diligencias investigativas concernientes a solicitar al Ejecutivo la documentación que sustente, si existiera, la base legal que justifique los gastos realizados para ese propósito.

“Obviamente, pediremos a las instancias correspondientes del sector público la información que corresponde”, expresó el magistrado.

Los asesores del propio presidente Manuel Zelaya reconocen que no existe el decreto que da vigencia a la encuesta. El decreto PCM-005-2009 no fue publicado aún en el diario oficial La Gaceta.

“Independientemente de que exista o no exista un decreto, hay un hecho notorio: hay una campaña publicitaria en torno a algo que alguna base ha de tener”, manifestó.

“Independiente de una formalidad de que exista o no exista un decreto, no podemos desconocer, el pueblo hondureño lo sabe, que existe una campaña en torno a una supuesta consulta en el mes de junio, julio, no estoy seguro, pero que todo lo hemos visto en televisión y en la radio“, añadió.

Responsabilidades

Producto de la investigación que efectúe el TSC se determinará la deducción de responsabilidad penal, civil y administrativa.

“El resultado final surge del informe de esa investigación”, expresó Moisés López Alvarenga, director del TSC. De ser civil o administrativa, el ente contralor aplicará los reparos y otras sanciones pertinentes.

En el caso de ser penal, el expediente se turnará a la Fiscalía contra la Corrupción para interponer acusaciones por el delito de malversación de caudales públicos.

* Recomendaciones: En época de crisis financiera, sectores responsables de la sociedad recomiendan al gobierno el ahorro y maximizar recursos en aspectos como salud, educación y seguridad.

En proceso suspensión o no de encuesta

El Juzgado de Letras Contencioso Administrativo inició un proceso separado a la demanda interpuesta por el Ministerio Público (MP) para definir si suspende o no la encuesta de junio.

El pasado martes, el Juzgado admitió la demanda interpuesta por el MP en contra del decreto ejecutivo PCM-005-2009.

Según la ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el primer paso es definir la admisibilidad del recurso, este no es el momento procesal oportuno para resolver si se admitía con suspensión o no del acto impugnado por el MP.

Para este último efecto, en cinco días el MP publicará en forma sucinta el contenido de la demanda en un diario escrito y en La Gaceta.
Luego se emplazará a la procuradora general para que en un término de tres días hábiles se pronuncie sobre si está o no de acuerdo con la suspensión de la encuesta.

Finalmente, el Juzgado citará a las partes para en un plazo de cinco días dictar una sentencia interlocutoria que definirá si se suspende o no la encuesta del último domingo de junio.