“Vamos a una convulsión social”

El Pueblo tiene derecho a que se le consulte, pero bajo los parámetros de respeto a la Constitución, considera el ex fiscal general del Estado, Roy Medina.

A su juicio, la forma en que se quiere imponer la encuesta de opinión, y la cuarta urna para derogar la Constitución es una caldo de cultivo para una descomposición social.

A continuación la entrevista con Roy Medina.

¿Qué lectura hace sobre la intención del Ejecutivo de hacer la encuesta?

De parte de Presidente habrán alguno fundamentos sociales que tiene que ver con la exclusión, discriminación y con el marginamiento, pues las democracias no han logrado, que, en efecto, lleven felicidad al pueblo.

Seguimos viendo grandes diferencias entre los sectores que tienen más ingresos y los que no.

Una situación social de esta naturaleza puede determinar que determinadas personas, sea el presidente Manuel Zelaya u otros, se consideren que son los mesías que pueden dar la soluciones a estas diferencias sociales.

Creo que bajo esa perspectiva se ha abierto un tema que tiene que ver con la convocatoria a una cuarta urna, convocada por el Ejecutivo, a elecciones no por el Tribunal Supremo Electoral, que es al que constitucionalmente le corresponde todos los ámbitos y diligencias relacionadas con los procesos electorales.

El Instituto Nacional de Estadísticas sí puede hacer encuestas, pero no de tipo electoral, de manera que es una extralimitación, porque no es una atribución constitucional del Presidente, los servidores del Estado no tienen más facultades que lo que dice la ley, cualquier disposición al margen de la ley es nula y acarrea responsabilidad.

No se puede continuar con todas las diligencias orientadas al llamamiento de la población para que se pronuncie si acepta, para las elecciones generales, la cuarta urna y una Asamblea Nacional Constituyente con facultades amplias para modificar los artículos pétreos.

¿El gobierno se ampara en la Ley de Participación Ciudadana?

El problema es que desde la perspectiva legal cada abogado, cada parte interesada usa los argumentos que favorecen a sus tesis, la consulta popular es válida, nadie se le ocurre poner en duda si el pueblo debe ser escuchado, pero para eso existen mecanismos establecidos desde la perspectiva electoral en la misma Constitución.

De ahí que el plebiscito y referéndum se aprobaron mediante reforma por adhesión para preguntarle a la gente sobre cosas de interés general, solo es cuestión de emitir el reglamento correspondiente.

¿Qué se esconderá detrás de todo esto?

Yo desconozco, yo quisiera entender qué es lo que se persigue, es el bienestar de la población, pero cuando se polarizan las fuerzas sociales, cuando se fomentan las diferencias e, incluso, la lucha de clases sociales, estamos transitando por caminos un tanto peligrosos que podrían conducirnos, incluso, aunque no espero que suceda así, a un convulsión social, porque las Fuerzas Armadas son un protagonista fundamental en estas tesis encontradas.

¿Cuál debe ser el papel de las Fuerzas Armadas?

Las Fuerzas Armadas deben de velar por la estabilidad del país, por proteger la alternabilidad en el ejercicio del poder, para obedecer las órdenes de las autoridades, incluyendo su comandante general, el Presidente, pero dentro del marco constitucional, si la orden está fuera del marco constitucional no debe ser acatada.

La Junta de Comandantes tiene una gran responsabilidad, pues son quienes asesoran a su jefe y en ese sentido, tratándose de profesionales no deliberantes, sometidos a la Constitución, deben plantear una posición a nivel de esa Junta de Comandantes y exteriorizarla a través de su jefe, el general Romeo Vásquez Velásquez.

El estado de derecho ofrece algunos remedios cuando hay alguna patología social, sin embargo, hay que velar por la armonía de la sociedad hondureña, es decir se han levantado voces en el sentido de llamar a reconsideración la decisión del Presidente y a través de una conversación constructiva en la que prevalezcan los intereses generales de Honduras.

* Encuesta de opinión: El Juzgado de lo Contencioso Administrativo declaró en suspenso la realización de la encuesta de opinión fijada para el 28 de junio.