Honduras
Las sentencias judiciales se cumplen o, en caso contrario, se incurre en responsabilidad penal.
En tal sentido, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo ordenó, mediante comunicaciones judiciales comenzadas a librar ayer, el cumplimiento de la sentencia interlocutoria que suspende la encuesta o consulta del último domingo de este mes que busca iniciar el camino para dar un zarpazo a la Constitución.
Atendiendo una solicitud del Ministerio Público (MP), el titular del juzgado Contencioso Administrativo, Jorge Zelaya, libró comunicación al jefe del Estado Mayor de las FF AA, Romeo Vásquez, para que se abstenga de apoyar acciones que tiendan a la implementación de la encuesta de opinión, debido a que la misma fue suspendida por decisión judicial.
La comunicación se libró en vista de que el pasado 29 de mayo el Ejecutivo emitió el decreto PCM-027-2009, en el que se instruye a las FF AA apoyar la cuestionada encuesta.
Ese día el juzgado aclaró los alcances de la sentencia interlocutoria, explicando que abarca cualquier acto administrativo que se emita orientado a ese fin.
En consecuencia, la sentencia deja sin valor ni efecto el decreto PCM-027-2009, por lo que las FF AA no están obligadas a cumplir órdenes ilegales.
La comunicación la giró el juzgado un día después de que la Junta de Comandantes y autoridades de Defensa se entrevistaran con el presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera.
La misma comunicación que ordena abstenerse de apoyar la encuesta se libró al Secretario de Seguridad, Jorge Alberto Rodas Gamero.
Emplazados
Los alcances de la sentencia fueron notificados hace dos semanas a la Presidencia, secretarios de Estado, Instituto Nacional de Estadística y al comandante del Ejército, Miguel Ángel Padget.
Siempre en atención a una petición del MP, el juzgado comenzó ayer a librar una nueva comunicación a los ministros a fin de que informen qué medidas se han adoptado en cuanto a la notificación que se les envió de cumplir la sentencia que suspende la encuesta.
De igual manera se le ordena al presidente Manuel Zelaya, mediante comunicación judicial, que informe dentro del plazo de cinco días las medidas que ha adoptado.
Se hace la advertencia que al incumplir la sentencia se incurre en abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y desobediencia.
* Ilegal: El Ejecutivo promueve la ilegal encuesta para colocar en las elecciones generales una cuarta urna, llamada “urna del continuismo”.
Abogados “melistas” interponen amparos
Abogados afines al presidente Manuel Zelaya interpusieron ante la Sala Constitucional dos recursos de amparo contra la denegatoria de participar en el juicio que se ventila contra la encuesta.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo declaró inadmisible 56 solicitudes de abogados que querían ser parte del proceso judicial. Se dictó el rechazo en vista de que el Estado ya está representado por la Procuraduría.
“Mandamos 40 personas y le negaron al pueblo el derecho a la defensa”, dijo Zelaya recientemente.
Los abogados impugnaron la declaratoria de inadmisibilidad ante una Corte de Apelaciones, donde recibieron la misma respuesta.
En vista de ello, los abogados Raúl Valeriano y Miguel Zelaya interpusieron recursos de amparo ante la Sala Constitucional contra la denegatoria que recibieron en estas dos instancias judiciales.
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