Trasciende que llegan urnas para encuesta ilegal

Un avión 737 de la aerolínea hondureña Rollins Air habría trasladado el fin de semana el material que se piensa utilizar para llevar a cabo la encuesta de opinión ilegal que pretende realizar el Ejecutivo el 28 de junio.

Fuentes de entero crédito confirmaron a EL HERALDO que la aeronave trasladó el sábado, desde El Salvador, los materiales que se usarán para realizar la encuesta que ha sido declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP) y la misma Procuraduría General de la República (PGR).

Según se conoció, los materiales habrían sido trasladados a un lugar desconocido, pese a que el MP ha advertido que quienes promuevan o apoyen la encuesta incurren en un delito que puede ser sancionado con responsabilidades penales, civiles o administrativas.

Aeronave

Las autoridades del Ejecutivo habrían contratado exclusivamente los servicios de la aeronave para trasladar el material que se piensa utilizar en la realización de la encuesta de opinión, encaminada a la instalación de una cuarta urna en el proceso de elecciones generales del mes de noviembre.

El propósito de Manuel Zelaya es convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para derogar la Constitución de la República y quedarse en el poder, como hizo el presidente de Venezuela Hugo Chávez.

Se consultó al fiscal especial contra la corrupción Henry Salgado sobre el tema, pero manifestó que no está facultado para dar declaraciones.

El único que lo puede hacer es el Fiscal General, apuntó. La aeronave habría trasladado las hojas y las urnas que se utilizarán para efectuar la ilegal encuesta de opinión.

Delito

Según el asesor legal del Ministerio Público y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rigoberto Espinal Irías, cualquier persona que promueva la encuesta incurre en delito, ya sean funcionarios, empleados públicos, personas civiles y militares.

“Sí, tienen implicaciones de responsabilidad, en algunos casos serán administrativas, en otros casos podrá ser civil y en todo caso es penal; porque los atentados contra el orden jurídico, contra la forma de gobierno y contra todo acto que implique generar gobiernos que no han surgido de los procedimientos que están dados en la Constitución y que son usurpadores, dan lugar a acción penal”, advirtió Espinal Irías.

En el caso de los servidores públicos y militares, incurrirían en los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, al hacer caso omiso a una sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que ordena la suspensión de la encuesta.

También se incluye a los empleados públicos que participen en las mesas receptoras de las encuestas.

En el caso de los civiles que se les compruebe su participación violentando la sentencia, se incoarían acciones penales por desobediencia a un mandato judicial, manifestó el reconocido profesional del Derecho. “En un estado de derecho las resoluciones judiciales se respetan y se cumplen”, sentenció Espinal Irías.

Las responsabilidades serán deducidas por el MP, según advirtieron las propias autoridades del ente acusador del Estado. No se descarta que las acciones penales comiencen a incoarse a partir de la presente semana.

Por atentar contra el orden jurídico existente, el MP inició diligencias de tipo administrativo para que se declare la nulidad y suspensión de la encuesta.

Los propios juristas de Casa Presidencial han advertido que el decreto para celebrar la consulta o encuesta es ilegal y da la vía libre al MP para interponer acusaciones penales.

* Las claves:

- Diferentes sectores de la sociedad, incluida la Iglesia Católica, llaman a defender la Constitución de la República.

- Durante la presente semana, diferentes movimientos han sido convocados a defender el orden constitucional del país.