Fiscalía ampliará acusación por millonario saqueo en bóveda de BCH

El Ministerio Público ampliará acusaciones criminales contra funcionarios de la gestión Zelaya Rosales.

De forma específica, la Fiscalía contra la Corrupción realiza las últimas diligencias investigativas orientadas a deducir responsabilidades penales a quienes saquearon la bóveda del Banco Central (BCH).

En primera instancia, la Fiscalía contra la Corrupción interpuso requerimiento fiscal en contra de Enrique Flores Lanza, quien fungía como ministro de la Presidencia, a quien el ente acusador lo supone responsable de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.

Flores Lanza tiene orden de captura en su contra ordenada por el Juzgado Penal a la Policía.

Asimismo, el órgano jurisdiccional instruyó a la Dirección General de Migración una alerta migratoria en las aduanas aéreas, terrestres y marítimas, en vista que existe una prohibición de que el imputado salga del país.

El caso no concluye con esta acusación. La Fiscalía investiga el retiro de otros 10 millones 950 lempiras en efectivo que, por orden de ex funcionarios de “Mel”, fueron sacados de la bóveda del BCH.

Con ello, sumarían 50 millones de lempiras que se sacaron del BCH a pocos días de celebrarse la encuesta de junio para financiar esta actividad.

“Se están haciendo todas las investigaciones para definir si se presenta una nueva acusación”, dijo el fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado.

Asimismo, existe prueba testifical y documental, entre ellas copia del cheque 260336 emitido por la Tesorería General, sobre los 10 millones, pagado a la orden de Casa Presidencial para financiar la suspendida encuesta y cuarta urna, afectándose otras partidas presupuestarias.

“Hay retiro de dinero, sea como sea la naturaleza tiene que ser investigado”, dijo.

Investigación de cuentas

Por otro lado, la Fiscalía contra la Corrupción investiga cuentas bancarias de algunos funcionarios de la gestión de Zelaya, diputados, alcaldes, dirigentes populares y sindicales.

Las diligencias se efectúan con el fin de confirmar si se enriquecieron ilegalmente con fondos del erario público.

La Fiscalía solicitó a la Comisión Nacional de Banca y Seguros un informe sobre movimientos bancarios de 48 personas.

En aras del respeto de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos, no se revelan nombres de los investigados ya que al develarlos se incurriría en el delito de infidencia, expusieron funcionarios del MP.