Tema de la amnistía desata un debate

La amnistía anula la acción penal, es decir, el derecho del Estado a perseguir los delitos políticos y comunes conexos que se están investigando, según la opinión de algunos juristas, por tanto, para otorgar ese privilegio no se requiere que exista una condena judicial.

Sin embargo, para un sector del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), la amnistía debe declararse con base a una sentencia dictada.

La polémica se ha desatado a raíz que el Congreso Nacional dice estar dispuesto a analizar la petición de amnistía política contenida en el Acuerdo de San José, si las partes en conflicto llegan a un convenio.

Para algunos, el Congreso asumiría una acción política y no jurídica.

El ministro de Gobernación, Óscar Matute, ilustró que existen dos tesis sobre la aplicación de una amnistía que deben de ser estudiadas para la solución de la crisis nacional.

"Hay una tesis que dice que no se puede aplicar si no ocurren ciertas situaciones de carácter procesal (que los amnistiados sean acusados o tengan sentencia)".

Pero explicó que también existen otras proporciones que aseguran que este perdón se extiende sin que necesariamente haya juicio contra presuntos culpables.

El ex director de fiscales, Dagoberto Mejía, apoya esta última memoria porque considera que es desgastante enjuiciar a alguien que al final será beneficiado con este olvido de penas cometidas.

El presidente del CAH, Óscar García, es de la opinión que la amnistía no procede porque no ha habido un juicio para los indiciados (el presidente Zelaya Rosales y sus ministros). "En este caso, dijo, el Congreso estaría emitiendo una amnistía por algo que no existe, debido a que no hay una condena, ni tampoco una sanción, como consecuencia, no hay nada que olvidar".

A criterio del presidente de los abogados, si el Congreso decreta una amnistía, lo haría por un arreglo político, pero no por procedimiento jurídico.

Además, significó que el Congreso lo que ha hecho es abrir la puerta para debatir ese tema, siempre y cuando no se violente la Constitución de la República.

La misma opinión sostiene el obispo auxiliar de Tegucigalpa, Monseñor Darwin Andino, quien señala que "para que haya amnistía tiene haber condenación primero".

Andino es de la opinión que los pactos políticos le han hecho daño a Honduras; "yo creo que eso no es pensar en la gente ni en el pueblo, y toda esa situación nos ha llevado a lo que estamos pasando, hay que apegarnos a la ley y no fomentar la impunidad", subrayó el religioso.

"A los políticos les digo que hay que hacer las cosas bien de ahora en adelante, porque este pueblo ha despertado y va a estar como un fiscalizador, como un auditor sobre los futuros gobernantes que lleguen a guiar los destinos de este país y me alegro porque ha despertado un gran gigante que estaba dormido", acotó.

Por su lado, el abogado Raúl Pineda Alvarado, analista político, afirma que la amnistía no toma en cuenta la conducta de los procesados, sino que el delito cometido.

En este sentido, explicó que hay que diferenciar la amnistía del indulto, mientras este toma en cuenta la conducta antes de la comisión del delito y durante el cumplimiento de la pena, la amnistía es solamente por delitos políticos y comunes conexos que son definidos por el Código Penal como "un medio necesario para perpetrar el delito político, por lo que la amnistía no solamente anula la pena sino la acción penal, o sea que cesa la persecución, mientras que el indulto es el perdón de la pena judicialmente impuesta. Lo que implica que en el caso de la amnistía no es necesario que exista una condena.

Pineda Alvarado señaló que todas las amnistías que se han dado en Honduras, excepto la de 1980, fueron otorgadas durante la tramitación de procesos o durante el inicio de investigaciones, puesto que la amnistía anula el derecho del Estado a perseguir delitos políticos y comunes conexos que se están investigando.

Juan Ferrera afirma que a pesar de esta polémica debe hacerse un esfuerzo para ayudar a la mediación, para encontrar la paz y la armonía.

Honduras es un problema de todos y hay que resolver esta crisis especialmente pensando en los más débiles que necesitan la atención de un estado que debe buscarle solución a los problemas que enfrenta la ciudadanía.

"Entre nosotros hay un deseo de que no exista impunidad para los casos donde se ha atentado contra el país, donde hay recursos que se han malversado, que ha habido una acción ilícita y que debemos aplicar no solo la Constitución sino que las leyes secundarias", comentó Ferrera.

* Antecedentes: De 1900 a la fecha se han emitido 13 decretos de amnistía, 9 de ellos por el CN, uno por el jefe de Estado y otro por una Asamblea Constituyente.

Negociadores postergan comparecencia

La comisión negociadora del gobierno de Roberto Micheletti, en el diálogo de San José, y los diputados del Congreso Nacional prolongaron la reunión para la próxima semana, alegando que por motivos de tiempo no se presentaron el lunes como estaba planificado.

La comisión la integran Mauricio Villeda, Arturo Corrales y Vilma Morales, quienes habían sido invitados por el CN para informar a los diputados y a la prensa sobre el avance de las negociaciones de San José, Costa Rica.

El diputado Toribio Aguilera manifestó que "posiblemente nos estaremos reuniendo con la comisión negociadora la próximas semana".

Aguilera expuso que se trata de un proceso, "en que tenemos que conocer todas las partes, ya nos hemos reunido con líderes empresariales, religiosos, con la Corte Suprema (CSJ), con el Colegio de Abogados y resta escuchar a la Fiscalía y a la Procuraduría General", dijo.

Los diputados ya se pronunciaron en relación a la propuesta de San José, en el punto dos, que habla sobre la amnistía para los delitos políticos, y acerca del punto seis, que discute sobre el retorno de los Poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio.