Juzgados declaran nulo operativo en la UPNFM

Las acusaciones remitidas a los Juzgados Penales de Tegucigalpa por parte de la Fiscalía quedaron hoy sin efecto tras haber sido anuladas por el juez Iván Castelar.

El allanamiento realizado por la Policía Nacional y elementos del Ejército en el la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán y en el que se decomisaron bombas molotov y candelas de dinamita, fue declarado nulo por la "violación a la autonomía universitaria" y porque en el operativo no participaron fiscales, señaló Castelar en su fallo.

Las rectoras de los centros universitarios alegaron ignorancia en torno a la fabricación de los explosivos.

El Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, emitió la resolución en la que admitió la solucitud presentada por la fiscal Miriam Rodríguez, argumentando que la universidad es un espacio de libertad y que los militares y policías no tenían motivos para entrar en los predios del centro educativo.

Este es el segundo revés que recibe la fiscalía del Ministerio Público en una semana. El jueves, la jueza Maritza Arita dictó medidas sustitutivas a tres sospechosos de provocar los incendios en un restaurante y un autobús de la ruta urbana.

La Fiscalía acusó de "sedición y daños" a dos docenas de partidarios del presidente depuesto Manuel Zelaya arrestados tras protestas para exigir la restitución de su líder, medida considerada como "represión judicial" por el movimiento que rechaza al gobierno actual.

La fiscalía de Delitos Comunes encausó por robo, sedición, daños a la propiedad privada y manifestaciones ilícitas contra la seguridad del Estado a 24, de los cuales 13 quedaron en libertad condicionada la madrugada del viernes, tras una primera audiencia, pero siguen con los cargos vigentes.

Los otros 11 permanecen detenidos en la Penitenciaría Nacional, informó Melvin Duarte, vocero del Ministerio Público.

Otras cuatro personas arrestadas el martes fueron acusados de "incendio agravado y terrorismo" por los disturbios del martes, cuando un autobús y un restaurante de comida rápida fueron incendiados. Estas personas también quedaron en libertad condicional.

La policía ha asegurado que las detenciones cumplen con el debido proceso y las leyes.

Para el lunes llegará a Tegucigalpa una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar el cumplimiento de los derechos humanos después de la desitución de Zelaya, el 28 de junio.