En la mira cuentas de testaferros hondureños

Los testaferros zelayistas y ex funcionarios están en la mira de los entes contralores y fiscalizadores del Estado por el millonario derroche del erario público. Producto de las acciones investigativas efectuadas a la fecha, el Ministerio Público (MP) ha identificado a personas que aceptaron poner a su nombre bienes y dinero de ex funcionarios de Zelaya.

Entre los bienes se encuentran lujosas residencias y cuentas bancarias.

"Si hay irregularidad en gastos, especialmente cuando son millonarios, es obligación de la institución verificar todos los pormenores que puedan llevar a determinar dónde está la información contable, administrativa e, incluso, monetaria de los bienes nacionales, lógicamente hay que investigarlo", manifestó el fiscal contra la Corrupción Henry Salgado.

Entre las diligencias está el solicitar a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS) información financiera de cuentas bancarias de posibles testaferros y ex funcionarios.

"Lo que nosotros solicitamos a la Comisión son los informes financieros bancarios donde aparecen si hay transacciones bancarias, si hay cuentas a favor de terceros que engloban su patrimonio y que no son justificables para estas personas tener esa cantidad de dinero", informó Salgado, sin detallar el número de investigados.

"Lo que determinamos es si hay saldos a favor de personas o de particulares, eso se determinará hasta terminar la investigación para definir si se deducen responsabilidades a los funcionarios o particulares", indicó. Otra solicitud se girará al Instituto de la Propiedad (IP) para verificar a nombre de quién están algunos bienes inmuebles.

El delito que investiga la Fiscalía es lavado de activos por actos de corrupción, el cual es penado de 15 a 20 años de prisión. "Si los particulares tienen dinero que no pueden justificar lo que se les adjudica es un delito de lavado de activos, cualquier enriquecimiento injustificado es punible", expresó.

Otro ilícito tipificado en la ley es el testaferrato. Las personas que están siendo investigadas por este ilícito serán citados.

Auditoría

La Fiscalía contra la Corrupción realiza investigaciones conjuntas con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para esclarecer deducción de responsabilidades civiles, penales o administrativas por el derroche de dinero en el gobierno de Zelaya.

Una de ellas es la referida al decomiso de 138 cajas en un edificio de cuatro apartamentos en la residencial Palma Real, ejecutado el pasado 14 de julio.

Las cajas contienen 69 cheques por pagos millonarios para la promoción de la encuesta y cuarta urna.

Asimismo, se encontraron recibos, contratos, sellos de Casa Presidencial "en donde se establece que hay varias irregularidades en los gastos de la administración pública", dijo.

Para investigar este caso las autoridades de la Fiscalía contra la Corrupción se reunieron ayer con un equipo de cuatro auditores del TSC para definir el paso a seguir para completar el expediente que conlleve a interponer acusaciones por abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos.

"Lo que se pretende es investigar a quiénes se adjudicaron millones y millones de lempiras, nos interesa saber las grandes erogaciones que hizo Casa Presidencial y la Secretaría de la Presidencia sin el sustento presupuestario, si se hicieron en el marco del sistema de compras y contratación del Estado", indicó el fiscal.

Los hallazgos encontrados de irregularidades serán confirmadas por los auditores del TSC para convertirlas en evidencia real que acompañarán las acusaciones ante los tribunales.

Derroche: La Fiscalía contra la Corrupción investiga hechos irregulares sobre pagos efectuados por el gobierno de Zelaya sin ningún respaldo legal.