Honduras
El Ministerio Público promovió la secretividad del proceso judicial e investigación del saqueo de 50 millones de lempiras de la bóveda del Banco Central de Honduras (BCH).
De igual forma, la sede fiscal declaró como protegidos a testigos involucrados en este caso, para garantizarles su seguridad.
El saqueo de 50 millones de lempiras de dicha bóveda ya fue judicializado, sin embargo, el expediente continúa abierto para determinar más responsabilidades.
"En este caso específico, el Ministerio Público tiene una investigación amplia y lo suficientemente sustentada como para haber decidido presentar el requerimiento fiscal", manifestó Melvin Duarte, portavoz del MP.
La Fiscalía contra la Corrupción logró recoger suficiente pruebas documentales, periciales y testificales, las que fueron remitidas al Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán, que ya conoce del caso por acusaciones interpuestas contra cinco ex funcionarios.
"En relación a los detalles probatorios de este caso, no se pueden ventilar por este momento de manera pública, el caso se encuentra en secretividad", informó. La resolución la emitieron los tribunales, atendiendo petición de la Fiscalía.
"Además, el Ministerio Público ha solicitado la protección de varios testigos en este caso, por lo cual no se podría brindar mayor información hasta que avancen las siguientes diligencias investigativas y el proceso judicial avance hasta las siguientes audiencias, hasta llegar al juicio oral", indicó el vocero del MP.
Los acusados
Por este caso, la Fiscalía contra la Corrupción interpuso dos requerimientos fiscales ante los tribunales de justicia.
En el primero se imputa responsabilidad penal al ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, por suponerlo responsable de los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. Esto por el retiro de 40 millones de lempiras en efectivo de la bóveda del BCH.
En un segundo requerimiento, la Fiscalía amplía la acusación contra este mismo ex funcionario por los mismos delitos, esto por el retiro de otros diez millones de lempiras de dicha bóveda.
Igualmente fueron acusados por el saqueo de los diez millones el ex director del BCH, Edwin Araque, el ex viceministro de Finanzas, José Antonio Borjas Massis, y el ex tesorero general, José Francisco Young.
A ellos la Fiscalía los supone responsables de los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. Finalmente fue acusado el ex jefe del staff Presidencial, Hernán Jacobo Lagos, por usurpación de funciones.
La Fiscalía solicitó una orden de captura que fue librada pero no ha sido ejecutada.