Honduras
La decisión de liberar las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) de parte de simpatizantes del depuesto Manuel Zelaya está en manos del Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán.
Anteriormente, el Ministerio Público solicitó a esta instancia judicial la orden de desalojo, sin embargo, la petición fue denegada por la juez Nelly Martínez al argumentar que no existía ningún requerimiento fiscal contra campesinos. Ante ello, el director del INA, Eduardo Villanueva, denunció ante el Ministerio Público que se cometen delitos de sedición al tomarse el edificio por un fin político. Hasta se aseveró que se estaría incurriendo en actividades terroristas, se ha impedido el ingreso de las recién nombradas autoridades de esta entidad.
En consecuencia, tras una investigación, la Fiscalía de Delitos Comunes formalizó la presentación de un requerimiento fiscal en el cual se solicita al Juzgado de Letras Penal que se autorice el allanamiento de la sede del INA y desalojo de los manifestantes que mantienen tomada la sede desde el pasado 28 de junio, trascendió ayer en el telenoticiero Abriendo Brecha.
Los campesinos se tomaron la sede agraria en apoyo al ex mandatario Manuel Zelaya, de quien piden su restitución al poder, acción que ha traído consecuencias negativas contra los trabajadores del campo al encontrarse paralizados más de 300 expedientes de títulos de propiedad.
La juez Laura Casco definirá si procede o no la petición de la Fiscalía de Delitos Comunes. Los empleados del INA se han presentado a las instalaciones con el fin de ingresar a trabajar, pero los campesinos, que han sido dotados de machetes nuevos por personas desconocidas, los amenazan chocándolos contra los portones.