Ampliarán acusación a Chimirri por soborno

La investigación del millonario soborno que hiciera el carrier estadounidense Latinode a ex funcionarios hondureños no está cerrado.

La Fiscalía contra la Corrupción ampliará la acusación en contra del Funcionario A, denominado de esta forma por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El pasado 30 de junio la Fiscalía interpuso ante el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazan, un requerimiento fiscal en contra de los ex gerentes de Hondutel, Marcelo Antonio Chimirri Castro, Hernán Jacobo Lagos Paredes y Jorge Alberto Rosa Zelaya.

Asimismo se imputa responsabilidad a Óscar Danilo Santos Galeas, ex asesor legal de Hondutel, y Julio Daniel Flores, auditor de la estatal de telecomunicaciones.

A estos se les supone responsables de los delitos de abuso de autoridad, fraude, cohecho y violación a los deberes de los funcionarios, por el soborno de 1.09 millones de dólares que pagó Latinode a ex funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya para obtener favores de contratos de interconexión y rebaja de tarifas.

Atendiendo petición de la Fiscalía, el Juzgado libró orden de captura en contra de todos los imputados. En el caso de Chimirri su detención se ejecutó y fue puesto a la orden de los tribunales en donde, por las pruebas aportadas en su contra, se le dictó orden de captura remitiéndolo a la Penitenciaría Nacional de Támara, en donde se encuentra actualmente.

La Fiscalía solicitó al Juzgado una prórroga para la celebración de la audiencia preliminar, en la que se formalizará la acusación y pedirá se dicte el auto de apertura a juicio oral y público.

En lo que respecta a Flores, este se presentó voluntariamente a los juzgados a responder por los cargos que se le imputan por el delito de violación a los deberes de los funcionarios. En una audiencia inicial se le dictó auto de prisión con medidas sustitutivas.

En su sentencia el Departamento de Justicia solo identificó a los sobornados como funcionarios A, B y C.

De acuerdo a las investigaciones, se presume que el funcionario B es Chimirri y el C es Santos. Para interponer la acusación la Fiscalía se valió de evidencia documental aportada por el Departamento de Justicia de los EUA y la justicia guatemalteca. Asimismo, se aportó prueba testifical.

Funcionario A

La Fiscalía contra la Corrupción continúa con sus investigaciones para ampliar la acusación en contra del Funcionario A, quien ya está identificado.

Según la sentencia del Departamento de Justicia, de los EUA, el Funcionario A es ciudadana hondureña, una empleada de Hondutel que dirigía el comité de evaluación responsable de otorgar los acuerdos de interconexión a empresas privadas de telecomunicaciones que desearan usar la red de Hondutel.

La Fiscalía espera les sea remitido el complemento de las asistencias judiciales solicitadas a Estados Unidos y Guatemala para ampliar la acusación.

"Al Funcionario A todavía no se le ha presentado requerimiento fiscal, de la información que venga de Guatemala podría arrojar nuevos elementos como para poder determinar si existe una responsabilidad del Funcionario A que mencionó la sentencia emitida por la Corte de Miami, Florida", expresó a EL HERALDO la fiscal contra la Corrupción, Sagrario Salinas. "Identificado está el Funcionario A lo que no tenemos determinada es la responsabilidad de este funcionario en los sobornos de Latinode", añadió.

Lo que espera sustentar la Fiscalía es la responsabilidad de este personaje en el delito de cohecho, para ello espera recibir informes de depósitos en cuentas bancarias en Guatemala, entre otras evidencias. "Para presentar un requerimiento fiscal necesitamos que haya un indicio racional de participación de esa persona en el ilícito que el Ministerio Público está formulando", explicó Salinas.

En la celebración de la audiencia inicial la Fiscalía requiere contar con elementos probatorios suficientes para acreditar el indicio de participación del imputado en el ilícito por el cual se le acusa. "En este momento, el Ministerio Público no tiene ese indicio racional para poder acusar al Funcionario A, dependemos del cumplimiento de las asistencias y de las investigaciones realizadas en el interior del país", manifestó.

La fiscal aseguró que el Funcionario A no tiene ningún parentesco con el ex presidente Manuel Zelaya. Asimismo, se asevera que no se trata de algún empresario.