Arístides Mejía sigue prófugo

El ex comisionado "vicepresidente", Arístides Mejía, seguirá prófugo de la justicia.

El juez Mario Ríos y la fiscal Karla García se quedaron a la espera de la presentación voluntaria del ex funcionario, quien ha sido acusado de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.

La fiscal Contra la Corrupción manifestó que "el imputado no ha comparecido el día de hoy, así es que las órdenes de captura han estado vigentes y seguirán vigentes".

Además, el juez dijo que la defensa de Mejía solicitó la suspensión de la audiencia de declaración de imputado en virtud de que no se le ha suspendido la orden de captura y, según lo que plasman en el mismo, "no existe una seguridad jurídica".

En el mismo escrito la defensa admite que a Mejía le urge presentarse de manera voluntaria en virtud de que su padre se encuentra muy delicado de salud.

Antecedentes

Según el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, Mejía junto a Rixi Moncada, ex gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y la ex ministra de Finanzas Rebeca Patricia Santos, fueron acusados de los correspondientes delitos al haber suscrito un contrato de alquiler para el nuevo edificio de la ENEE por un monto de 16 millones de lempiras anuales.

Para el Ministerio Público, este trámite se hizo violentando el reglamento de la Ley de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal de 2008 y la ley de Contratación del Estado.

Las autoridades de la Enee solo tenían siete millones de lempiras anuales para el alquiler de un inmueble que albergara la sede principal de la estatal eléctrica.

Santos y Mejía eran miembros de la comisión interventora de la Enee que tenía como finalidad rescatarla de la quiebra financiera que presentaba en ese momento y aún así autorizaron la erogación de la millonaria cantidad de dinero de las arcas de la institución.

Según informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), anterior a este contrato la Enee pagaba por alquiler de oficinas la cantidad de 3.5 millones de lempiras al año por ocho edificios que rentaban.