Congelan 500 actas de cierre por inconsistencias

El sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene retenidas unas 500 actas que poseen inconsistencias, lo que impide la conclusión de esta fase del proceso electoral, reveló ayer el magistrado David Matamoros.

El organismo rector de los comicios está tratando de ponerse de acuerdo con el Consejo Consultivo, órgano de enlace con los partidos políticos, para tomar una determinación colegiada sobre el futuro de estas actas.

Todavía no se cuantifica cuántos votos representan estas actas originales de cierre que el sistema mantiene congeladas. Para este proceso electoral, y debido a la crisis política que exigía una total transparencia, el TSE compró un programa que, aparentemente, no deja pasar nada anormal.

Las actas retenidas poseen "inconsistencias de balances", es decir, no coincide la suma del total de votos depositados en las urnas con el acreditado a los candidatos, especialmente diputados y alcaldes.

Según el magistrado Matamoros, no hay ningún problema con los votos asignados a los candidatos individualmente, el problema es al hacer el balance que no concuerda con el total de personas que acudieron a la urna. "Hay inconsistencias producto de una mala resta o suma por parte de la mesa", expuso.

"Hemos estado trabajando con el Consejo Consultivo para poder liberar todo lo que tenga que ver con balances pero que no afecte la votación. Ahí podremos liberar de 400 a 500 actas que están retenidas, que están metidas en el sistema, pero que el sistema las tiene capturadas por esa inconsistencia", expresó Matamoros.

"Con una papeleta de más o de menos tenemos retenida una acta completa que necesitamos liberar. Si no liberamos la información más bien le estamos causando un perjuicio a los candidatos que no saben que hay una situación que les afecta", añadió.

Las procesadas

Hasta ayer, el sistema de informática había procesado alrededor de 43 mil actas de un total de 45 mil, a razón de un poco más de quince mil por cada nivel electivo.

A criterio de Matamoros, la diferencia de este proceso electoral con otros del pasado es que "la transparencia ha cambiado diametralmente porque antes de una mesa salía una acta de una manera y cuando llegaba a Tegucigalpa venía completamente modificada hasta con corrector".

Castigos

Esta vez, los miembros de mesas ganaron un sueldo y, por lo tanto, incurrieron en responsabilidad de tipo laboral y electoral. Aquellos que calzaron su firma en actas que al final resultaron adulteradas serán investigados y si se comprueba que actuaron de mala fe solo por satisfacer los intereses de un candidato determinado, serán denunciados ante la Fiscalía.

La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas advierte penas de cuatro a seis años de prisión para aquellos que adulteran documentos electorales, entre ellos las actas de cierre original.

"Vamos a castigar a los miembros de mesas, eso no se va a quedar así, son pocas las incidencias pero si hay incidencias donde a un candidato le ponen 500 votos y solo votaron 200, serán documentados", subrayó.