Por crisis no se acusa al “funcionario A”: Fiscal

Al "funcionario A" que recibió soborno de la empresa Latinode no se le acusa por la crisis política que vive el país, aseguraron autoridades de la Fiscalía contra la Corrupción.

De acuerdo con una sentencia emitida por un tribunal de justicia de Florida, la empresa Latinode pagó a funcionarios hondureños 1.09 millones de dólares en sobornos para obtener favores en contratos de interconexión y rebaja de tarifas. Los funcionarios fueron sobornados durante la gestión del hoy ex presidente Manuel Zelaya.

La sentencia judicial no revela el nombre del "funcionario A", pero sí lo describe como una empleada de Hondutel, hondureña que dirigía el comité de evaluación responsable de otorgar los acuerdos de interconexión a empresas privadas de telecomunicaciones que desearan usar la red de Hondutel.

"En el contexto de la estructura que se ha hablado tanto de este funcionario, no es el más importante de los que hemos acusado", manifestó el fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado. La Fiscalía ha acusado a tres ex gerentes, Marcelo Chimirri, Jacobo Lagos y Jorge Rosa, y otros ex funcionarios.

"En el caso del ‘funcionario A’ puede ser, incluso, un funcionario de menor categoría; no tendríamos ningún prejuicio para presentar una acusación, lo que necesitamos son los elementos probatorios. Jamás presentaremos una acusación sin fundamento", manifestó el fiscal. La Fiscalía ya cuenta con el nombre de la sospechosa, pero se espera contar con las evidencias para decidir si existen méritos para ponerla a la orden de los tribunales.

Por crisis

El fiscal explicó que desde el primer semestre del año anterior se pidieron pruebas a Estados Unidos, que remitió la mayor parte de las evidencias que sirvieron para acusar a los primeros cinco ex funcionarios, el resto de las pruebas que se requieren para acusar al "funcionario A" aún no han sido enviadas.

La petición de evidencias se efectuó en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción, dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por la crisis generada a raíz de lo acontecido el 28 de junio, la OEA suspendió a Honduras y por ende no remite documentación, entre ella las evidencias del soborno.

En la Fiscalía se analiza utilizar otro mecanismo de cooperación técnica investigativa para agilizar la remisión de evidencias. "En este momento quedaron stand-by (los envíos de pruebas); una vez se activen nuevamente (las relaciones con la OEA) vamos a solicitar la información que hace falta, en ese momento determinaremos si existen o no suficientes elementos", indicó Salgado.

Prófugos

Sobre el caso, la Fiscalía contra la Corrupción interpuso acusación en contra de Marcelo Chimirri, considerado el "funcionario B", Jacobo Lagos, Jorge Rosa, Óscar Danilo Santos, calificado como el "funcionario C", y Julio Daniel Flores. A estos se les imputan varios delitos, entre ellos cohecho, fraude y abuso de autoridad.

En el caso de Chimirri, se le dictó auto de prisión y su causa fue elevada por el Juzgado Penal a juicio oral y público, actualmente se encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional.

Flores se presentó voluntariamente ante los tribunales, donde se le decretó auto de prisión y ahora se defiende en libertad. En lo que respecta a Lagos, Rosa y Santos, se encuentran prófugos de la justicia; el juzgado les libró orden de captura.