Congreso Nacional evitó que se produjera conflicto entre la DGIC y el MP

El Congreso Nacional convocará a los personeros de la Policía y del Ministerio Público para consensuar el proyecto de ley de creación de un organismo técnico de investigación criminal tal como lo prometió su presidente, Juan Hernández.

El diputado Hernández se comprometió a darle apoyo a una comisión que nombró para que en un plazo de 60 días presente el proyecto de ley que sustituirá la derogada legislación que creaba la Dirección Técnica de Investigación Criminal (DTIC) del Ministerio Público, lo que ha generado el malestar de los fiscales de esa institución.

Hernández dijo ayer que tanto los sectores de la sociedad civil, la Policía y el MP podrán participar en la elaboración de un proyecto de ley en donde se plasmen las esferas de atribución tanto de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), dependiente de la Secretaría de Seguridad, como de la Dirección Técnica de Investigaciones Criminales (DTIC), adscrita al Ministerio Público.

La creación de este organismo pasa por la ruta que han pasado otros países que han tenido experiencias exitosas como Colombia, declaró el presidente del CN.

En cuanto a la decisión que en forma vertical y por mayoría mecánica adoptó la bancada del Partido Nacional, de derogar el decreto que creaba la DTIC, pese a la oposición de otros diputados, el presidente del CN dijo que hay razones que justifican esta posición.

Declaró que como bancada "no podíamos aceptar que un proyecto de ley que habíamos concertado con el congreso anterior que se le tenía que dar más espacio de discusión para poder lograr algo que fuera garantía y no iban a haber controversias entre las distintas instituciones que investigan se le diera cabida en este momento".

Según Hernández, los personeros del gobierno anterior no escucharon las razones que la comisión de transición expuso con relación a la creación de la policía técnica.

En ese proceso de diálogo no hubo claridad de dónde saldría el dinero para poner en operaciones la nueva Dirección Técnica de Investigación ni tampoco en el decreto se fijaron disposiciones transitorias para evitar los vacíos que se iban a producir en el campo de la investigación criminal al quitarle atribuciones a la DGIC, explicó Hernández.

El titular del poder Ejecutivo manifestó que tampoco se puede permitir perder alrededor de 45 millones de euros que están disponibles para los proyectos de modernización policial, la construcción de los laboratorios forenses e instalaciones de la Policía.

Según el titular del CN, lo más correcto es dar un plazo de 60 días para que tanto la Policía como el Ministerio Público concierten un proyecto de ley que resuelva los conflictos que pudieran darse con la creación de la policía técnica de investigación en materia criminal.