Honduras
Algunos ex funcionarios y actuales servidores públicos no dieron el ejemplo de transparencia al no declarar los bienes que poseen.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los servidores públicos que devenguen un salario superior a los 30 mil lempiras y los que manejen recursos del Estado deben actualizar la declaración jurada de bienes cada año.
El plazo para cumplir con este requisito legal venció el pasado 30 de abril para los funcionarios que desempeñan labores desde el anterior gobierno y los que ya vacaron en sus cargos.
La obligación de cumplir con este requisito incluye a los funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya. Para los que asumieron funciones con el actual gobierno de Porfirio Lobo Sosa, el plazo culmina a los 45 días de haber asumido el cargo.
El ente contralor inició un proceso interno orientado a constatar si los funcionarios presentaron su declaración jurada de bienes.
"Estamos trabajando en definir quiénes son los ex funcionarios y actuales funcionarios que no presentaron sus declaraciones, van a ser publicadas esas listas", manifestó el presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía.
Los que incumplieron con el deber legal son de todos los niveles y serán objeto de una sanción económica, que según la ley oscila entre los dos mil al millón de lempiras.
"El que no presentó su declaración tiene que pagar la multa, aquí no hay excusa para nadie", advirtió.
Los incumplidores serán suspendidos de sus cargos, al igual que los jefes de Recursos Humanos de entes del Estado que no intervinieron para que estos hayan presentado su declaración jurada.