Honduras
La Procuraduría General de la República (PGR) inició acciones conducentes a la deducción de responsabilidades por actos de corrupción en el sistema educativo público.
Para ese efecto conocerán los siete informes producidos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre irregularidades en puestos y salarios. Según el TSC, en cinco años se despilfarraron 1,380 millones de lempiras por concepto de zonaje, duplicidad de plazas y calificación académica, entre otras. En total se señala que alrededor de 15 mil maestros cobraron salario sin sustento legal.
"Vamos a solicitar al Tribunal Superior de Cuentas nos informe lo relativo a estos informes, porque no tenemos conocimiento si estos ya concluyeron, si las auditorías tienen resultado y resolución definitiva que establezcan responsabilidad", manifestó Ethel Deras, procuradora general.
Cuando los 31 pliegos de responsabilidad civil que notifique el TSC queden firmes, le corresponderá a la PGR exigir a los responsables que las sumas sean devueltas al Estado.
Organizaciones como Transformemos Honduras solicitaron a la PGR que como abogado del Estado intervenga incoando acciones legales. Para el ministro de Educación, Alejandro Ventura, los maestros que recibieron salarios en forma irregular tendrán que devolverlo.
Los dirigentes magisteriales cuestionan la credibilidad de los informes, sin embargo, los padres de familia sí le dan el mérito al producto del TSC.
"Si hay corrupción e identificado maestros que están cobrando doble, zonaje, todos los quinquenios, lógicamente ahí, obviamente, se esta apañando una corrupción de parte de la dirigencia magisterial, no se deben lavar las manos", dijo Adrián Martínez, coordinador de la Asociación de Padres de Familia.