Demandan que la CSJ y MP rechacen injerencia

La independencia del Poder Judicial y Ministerio Público están en entredicho, al menos, así lo perciben diversos sectores de la sociedad civil que se han declarado en alerta.

Y es que el pasado jueves el presidente Porfirio Lobo Sosa declaró que está dispuesto a viajar a República Dominicana para traer al ex presidente, Manuel Zelaya.

A su retorno, aseguró que el exmandatario no será capturado, a pesar de que existen tres órdenes de captura pendientes de ejecutar, dos de ellas por actos de corrupción.

Lobo Sosa aseguró que el tema ya fue discutido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera y con la Fiscalía General.

Asimismo, el mandatario cuestionó la destitución de cuatro jueces.

Estos dos temas serían hoy discutidos en un pleno de magistrados de la CSJ.

En un comunicado la UCD dejó por sentado la firme posición de que el ex presidente Zelaya puede regresar a Honduras "pero sin gozar de ningún privilegio ni tratamiento preferencial".

"(Zelaya) Debe someterse al imperio de la ley y responder por los delitos cometidos", puntualiza la UCD. De acuerdo este organismo, con las declaraciones de Lobo Sosa se pone en evidencia una violación a la independencia del Poder Judicial, en riesgo la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática.

"Las declaraciones del presidente Porfirio Lobo Sosa nos deja una enorme preocupación en la sociedad", expresó Jimmy Dacarett, presidente de la UCD.

"Vemos con preocupación la injerencia de parte del Ejecutivo dentro de lo que es el Poder Judicial y el Ministerio Público, está indicando qué paso se dé, como que hubiera un arreglo o un pacto para darle la libertad (a Zelaya) sin necesidad de presentarse a los tribunales", expresó Dacarett.

"Todos los hondureños deben de someterse a las leyes de Honduras", recalcó. Es el juez competente quien debe resolver qué procede en las causas incoadas contra Zelaya, si es o no culpable.

Este organismo busca el respeto a la Constitución, el que establece la división de poderes y su independencia, sin subordinación.

En tal sentido, el organismo hace un llamado a las autoridades de la CSJ y de la Fiscalía que sus actuaciones se basen en respeto a la Constitución, en pro de la democracia hondureña.

Con respecto al caso de los jueces destituidos, la UCD pide al Poder Judicial que revele el expediente que se tomó como base para la separación.

Se cuestiona que se cambió la fecha del pleno aprovechando la ausencia de cuatro magistrados que se oponen a que sean restituidos, ya que violaron la Ley de la Carrera Judicial.

Debido proceso

En la CSJ se asegura que se le garantiza el debido proceso a Zelaya, que no existen presiones del Ejecutivo.

Se aclaró que si "Mel" desea presentarse voluntariamente debe notificarlo al Juzgado Penal para que esta instancia le fije día y hora para recibirlo en la audiencia de declaración de imputado y se suspenda la orden de captura.

"Cualquier ciudadano que es sometido a una imputación penal debe de comparecer a la instancia respectiva", manifestó el magistrado Jacobo Cálix.

"Lo que decida el juez competente será de conformidad a lo que regla el procedimiento penal", añadió. Aseguró que no hay intromisión de poderes y que los jueces son independientes.

Sobre el caso de la posible restitución de jueces el magistrado, Óscar Chinchilla, dijo que se harán las consideraciones.

"Al final veremos qué resultados se arroja, no podría predecir cual será el resultado", dijo Chinchilla, uno de los que se opuso a la destitución.

Prefirió no externar en qué se fundamentó su posición, porque el tema es aún sujeto a discusión. Lo resuelto por el pleno puede ser revisado por esta misma para emitir una resolución en base al respeto y entendimiento, indicó.

Comparte el criterio de que Zelaya puede presentarse voluntariamente, como lo han hecho ex funcionarios; que se garantizará el debido proceso.

Por su parte, el fiscal adjunto, Roy Urtecho, afirmó que el MP es respetuoso del estado de derecho. Sostuvo que las órdenes de captura contra Zelaya están vigentes, que la Policía las debe de ejecutar.

En base a la libre emisión del pensamiento, dijo que Lobo Sosa puede manifestarse, siempre y cuando sea en el marco de la Constitución y las leyes.

Cuando Lobo habla más bien promueve el disenso

Para el analista Raúl Pineda Alvarado se ha vuelto sistemático que las declaraciones que ofrece el presidente Porfirio Lobo Sosa generen polémica, disensos y "tiroteos verbales".

Recordó que el ex presidente Manuel Zelaya tiene tres acusaciones pendientes, una de ellas por delitos políticos y dos por actos de corrupción por el despilfarro de 60 millones de lempiras para promover la ilegal cuarta urna.

Para Pineda no deben existir actitudes que demuestren poca importancia, indiferencia y tolerancia a la persecución de estos actos contrarios a la ley y dañinos al patrimonio.

No se debe ser complaciente ante actos de corrupción, indicó. "Hay que recomendarle al presidente Lobo que sea prudente, si hay ciertas cosas que debe hacer que las haga, pero que no las publicite de manera que en lugar de fortalecer su proyecto de reconciliación nacional más bien fortalece el disensos y la confrontación", manifestó.

Este tipo de hechos, añadió, solo sirven para distraer la atención de problemas nacionales, darle trabajo y seguridad. "Con este debate ideológico solo se pierde el tiempo y se retrotrae al país a los inicios de la crisis, que causó tanto sufrimiento a la población hondureña", expuso.

En un estado de derecho se debe respetar la independencia de los jueces. No es ni el pleno de magistrados los que deciden el futuro de una causa incoada en los tribunales, salvo en los casos que requiere su intervención.

Los titulares del Ejecutivo y la Corte no se pueden negociar privilegios a Zelaya, porque existe un juez al que le estarían atentando su independencia.