Jueces rechazan injerencia del CN y Presidencial

Los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron la injerencia a este Poder del Estado por parte del Congreso Nacional y la Presidencial.

Esto en relación a la emisión de un Decreto Legislativo que confisca la frecuencia de canal 8 de televisión para uso del gobierno. El decreto se aprobó a pesar de que existe una sentencia definitiva firme que resuelve que dicha frecuencia es propiedad de Teleunsa, cuyo propietario es Elías Asfura.

"Rechazamos toda injerencia, toda invasión sobre la independencia del Poder Judicial.

Se está violentando la Constitución de la República al querer invadir las facultades de la Corte Suprema de Justicia, el cual es un poder independiente", manifestó ayer el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah), Teodoro Bonilla.

Explicó que la concesión de la frecuencia de canal 8 fue disputada en el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, donde el juez, en uso de sus facultades legales, resolvió el conflicto aplicando la Constitución y las leyes.

En tal sentido, indicó que cualquier alegato posterior a la sentencia no tiene ninguna valides jurídica. "Hay un juicio fenecido", dijo. El artículo 304 de la Constitución establece que le compete a la CSJ juzgar y ejecutar lo juzgado, que ese no es el papel del CN.

"No es vía decreto que se va a dejar sin valor y efecto una sentencia", manifestó. "Con ese decreto pareciera que el CN está impartiendo justicia, cuando la Constitución, en su artículo 105, prohíbe la confiscación de bienes, que la propiedad privada debe respetarse", precisó el juez.

En consecuencia, recalcó que se debe "dar el debido y estricto cumplimiento a dicha sentencia, como todas las sentencias que dictan los tribunales, así se garantiza el Estado de Derecho, la seguridad jurídica".

Delito

Bonilla advirtió que los diputados estarían incurriendo en responsabilidad penal si se aprueba el acta del decreto.

Igualmente, las autoridades de Conatel estarían incurriendo en el delito de violación a los deberes de los funcionarios de no exigir el cumplimiento de la sentencia.

El análisis se hace en base a lo estipulado en la Constitución de la República y el Código Penal. "Al aprobarse un decreto que deja sin valor y efecto la sentencia esto entraría en el campo penal de abuso de autoridad por aquellos funcionarios que firmasen o quisiesen firmar ese decreto", advirtió el magistrado.

Argumentó que se estaría incurriendo en responsabilidad porque el referido decreto, "violenta la Constitución, invade las atribuciones del Poder Judicial, de los jueces de juzgar y ejecutar lo juzgado, de impartir justicia".

El jurista confía que los diputados, especialmente los que son abogados, deben de reflexionar, ser sensatos y sabios para no violar la Constitución.

"Lo que corresponde en este caso es ejecutar una sentencia firme y lo que corresponde es ejecutarla, por parte de los funcionarios de Conatel", dijo. Por lo anteriormente expuesto pidió a la Fiscalía contra la Corrupción actuar de oficio.

Reconsideración

Sobre el tema, el ex presidente, Roberto Micheletti, afirmó que la legalidad está del lado de Asfura.

En el fallo judicial "está explicado con toda claridad que el canal pertenece al señor Asfura", dijo. Al existir una sentencia su deber como funcionario fue cumplirla.

Confirmó que cuando fue Presidente interino, Asfura le alquiló dicha frecuencia por un precio simbólico de un lempira por mes. En consecuencia pidió al CN no ratificar el decreto que confisca a Teleunsa el canal 8, por incorrecto.

"Le pido a Dios que le dé reflexión a todos los que están involucrados para hacer una rectificación con tiempo, para poder estar tranquilos en nuestro país", manifestó ayer a HRN.

Advirtió que si los diputados no lo hacen "está en peligro el estado jurídico del país y el Estado democrático, como la libre empresa".

"Errar es de humanos, rectificar de sabios", dijo. En tal sentido, recomendó el diálogo para resolver el problema, para no sentar "un pésimo precedente", ya que a futuro cualquier medio de comunicación podría ser confiscado.

Con todo lo que le ha pasado a Honduras cuestionó que no proceden los caprichos.

Sobre el tema el diputado nacionalista, Antonio Rivera, presentará ante la cámara una reconsideración a dicho decreto. "Es necesario presentar una reconsideración", dijo el congresista.

La solicitud se presentará al momento de abordar el acta de dicho decreto. "Considero que no puede haber una interferencia de un poder del Estado sobre otro, si hay una sentencia judicial firme es el mismo Poder Judicial quien tiene recursos", dijo.

Comparó que el CN no puede, mediante decreto, despedir a un ministro por alguna falta.

"Por eso hay tres poderes del Estado, en el caso específico de una sentencia judicial, emitida por autoridad competente, por un juez, hay que respetarla, nos guste o no nos guste", puntualizó Rivera.