Decreto que favorece a Bertha Oliva y Milton Jiménez es excluyente

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El Decreto Ejecutivo N. PCM-028-2008, que se creó con el argumento de indemnizar a familiares de desaparecidos y detenciones ilegales de la guerra fría en la década de los 80, en realidad solo beneficia dos casos.

En un informe oficial se registraron 184 casos de desapariciones forzadas, sin embargo, el decreto en mención solo hace referencia a indemnizar a la actual presidenta del Comité de Familiares Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva y a su vástago Tomás Alberto Nativí, por ser la esposa e hijo, respectivamente, del desaparecido Tomás Nativí.

Asimismo, se ordena indemnizar al actual asesor legal de la Presidencia, Milton Jiménez Puerto, junto a otros cinco estudiantes universitarios a quienes les habrían violentado los derechos humanos en esa época, entre ellas la hermana de este funcionario, Marlen Irazema Jiménez Puerto.

El decreto ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado viernes, bajo el número 31,779, con el cual se crea el Programa Nacional de Reparaciones (PNR), adscrito a la Presidencia de la República.

“Que el Estado de Honduras, en la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional durante los años ochenta, numerosos hondureños y extranjeros fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos por miembros de las estructuras de seguridad del Estado; por tanto se hace necesario propiciar, crear e insertar una política que ayude a fortalecer los derechos humanos”, admite el Ejecutivo en el primer considerando del decreto.

Dos casos beneficiados

En los diez considerandos del decreto PCM-028-2008 solo hace referencia a dos casos. “Que el Estado de Honduras ha sido demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Cofadeh, por violaciones a los derechos humanos de Ana Suyapa Rivera Sierra, Gilda María Rivera Sierra, Adán Guillermo López Lone, Edwin Dagoberto López Lone, Milton Danilo Jiménez Puerto y Marlen Irazema Jiménez Puerto, el 26 de abril de 2007, denuncia que se encuentra registrada con el Número P-524-07”, cita el cuarto considerando.

“...Resulta conveniente y ventajoso para el Estado de Honduras, resolver el presente caso mediante un proceso de solución amistosa...

Y que evite al Estado ser sujeto de condena ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, expone el decreto.

En el séptimo considerando se cita “Que el Estado de Honduras inició en 1997, un procedimiento de Solución Amistosa para solventar casos sobre desapariciones forzadas de ciudadanos hondureños acaecidas en la década de los años 80, de los cuales el Caso registrado bajo el número 7864, Tomás Nativí, quedó pendiente de resolución bajo reserva de derecho de su esposa Bertha Oliva y su hijo Tomás Alberto Nativí Oliva, depositado en la Comisión Interamericana en marzo de 2001”. “...

Resulta necesario proceder a resolverlo en forma efectiva y adecuada mediante el procedimiento de solución amistosa y con la participación activa y propositiva de su esposa e hijo”, cita el siguiente considerando. En el decreto no se detallan otros casos.

“Que se proceda de inmediato a resolver mediante Proceso de Solución Amistosa el caso número P-524-07 asignado por la CIDH (referido al caso de los seis estudiantes donde se incluye a Jiménez Puerto) y el caso registrado bajo el N. 7864 ante la CIDH (caso Tomás Nativí), resolución 4/87 de 28 de marzo de 1987”, cita uno de los Por Tanto. El PNR se encargará del resarcimiento individual y/o colectivo de las víctimas de violaciones a derechos humanos.

Los que conformen el PNR estudiarán y determinarán el monto millonario que se entregarán a los antes mencionados.

Exclusión

Para las autoridades de la Fiscalía de los Derechos Humanos el decreto PCM-028-2008 es excluyente.

“Consideramos que la medida debe de ser general y no particularizada a dos casos en específico que son los que se mencionan”, expresó la fiscal especial de los Derechos Humanos, Sandra Ponce, quien prefiere no pensar que el decreto es excluyente.

“Eso preocuparía, las personas que se mencionan en el acuerdo fueron víctimas, tienen todo el derecho a ser resarcidas, pero la medida debería ser de carácter general y no particular”, reiteró.

A su criterio, si lo que se busca es resarcir daños se debió incluir a los 182 casos restantes que señala el informe de desapariciones forzadas. En tal sentido Ponce considera que el acuerdo debe de ser sometido a revisión.

“La Fiscalía lo que promovería es que se haga con absoluta transparencia y que sea incluyente a manera que la totalidad de las víctimas sean reparadas”, expresó.

Por otro lado la fiscal objeta que con el decreto se crea una comisión para concretar las indemnizaciones, cuando ya existe otra con esas funciones y que no hace ningún tipo de discriminación en víctimas.