Decreto no debe beneficiar solo a Milton y Bertha

Familiares de personas detenidas y desaparecidas en la década de los 80 y organismos de derechos humanos exigieron al gobierno que amplíe el decreto que indemniza solo a Bertha Oliva y Milton Jiménez.

La exigencia se hizo ayer frente al presidente Manuel Zelaya en el marco de la colocación de la primera piedra de la plaza Derechos Humanos, en la mediana del bulevar Suyapa, frente a la UNAH.

“Creemos que el decreto es excluyente, selectivo, así que mandaremos un carta formal para pedirle el Presidente que haga las modificaciones y se incluya a todas las personas”, dijo Andrés Pavón, titular del Comité de Derechos Humanos (Codeh).

El mencionado decreto es el PCM -028-2008, que en su parte resolutiva ordena que “se proceda a resolver mediante proceso de solución amistosa” los casos de seis estudiantes detenidos, entre ellos, Milton Jiménez, actual asesor legal de Casa Presidencial y hombre de confianza de Zelaya.

La norma también establece que haya arreglo pacífico por el caso de Tomas Nativí, esposo de la presidenta del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduas (Cofadeh), Bertha Oliva.

Mediante este decreto, los beneficiados tendrían una indemnización económica para que el Estado no sea demandado.

La misma norma habla de la creación del Programa Nacional de Reparaciones (PNR) para fortalecer una política de derechos humanos, pero no especifica si las familias de las víctimas mortales o sobrevivientes de la doctrina de seguridad nacional también serían indemnizados.

La Fiscal de los Derechos Humanos, Sandra Ponce, explicó que lo que vale en un decreto es la parte resolutiva y en el caso de este decreto solo busca beneficiar a Jiménez, sus compañeros detenidos y a Oliva.

“Migajas no”

Longino Becerra, sobrino de Eduardo Becerra Lanza, desaparecido en los 80, pidió a Zelaya que no solo quieren “migajas” (indemnizaciones), sino que se aplique la ley contra los autores materiales e intelectuales de las ejecuciones y secuestros en los 80 contra supuestos miembros de grupos irregulares.

“No se imagina (Presidente) qué se siente ver a esos asesinos que se ríen de uno cuando va por un centro comercial o al cine”, expresó.
Ante estos reclamos, Zelaya solo se limitó a decir “podríamos pensarlo”.

La plaza de los Derechos Humanos se comenzará a construir el próximo año a un costo de un millón de lempiras y se realiza en cumplimiento de un acuerdo establecido en el gobierno del ex presidente Ricardo Maduro.