Decreto molesta familias de desaparecidos en Honduras

Los familiares de hondureños que sufrieron violaciones a los derechos humanos en los 80, mediante desapariciones y detenciones ilegales, están molestos por el decreto emitido por el gobierno.

En el Decreto PCM-028-2008, el gobierno especifica que en un arreglo amistoso indemnizará solamente dos casos entre los que está la coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva y el asesor legal de la Presidencia, Milton Jiménez.

La normativa crea el Programa Nacional de Reparaciones que definirá la cuantía millonaria que se pagará a los pocos beneficiados.

Dicho decreto fue calificado por la Fiscalía de Derechos Humanos como excluyente, ya que no se tomó en cuenta a la generalidad de los afectados en los 80, que según un informe oficial suman 184 desapariciones.

Mismo criterio asumen familiares de desaparecidos, quienes consideran que el decreto es una "bofetada" al no ser tomados en cuenta por no ser figuras reconocidas en la sociedad.

Una de los que expuso este malestar a través de Radio América fue Juana Valladares Lanza, tía del desaparecido Eduardo Lanza.

A su juicio, quien siempre salió en defensa de las víctimas fue el actual Comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio.

Se considera que Oliva está aliada con el gobierno y que ha convertido al Cofadeh en su modus vivendi.

Karla Maldonado, hija de Jorge Maldonado, coincidió en sus argumentos y pidió a los autoridades que se esclarezca el caso de su padre verificando dónde se encuentran sus restos.

Una que se identificó como miembro del Cofadeh, pero reveló su nombre, aseguró que las indemnizaciones se están socializando a efecto de tomar en cuenta otros casos.