Dictamen de juristas de “Mel” confirma la tesis de la Fiscalía

La tesis del Ministerio Público (MP) en el sentido de que la consulta y cuarta urna que promueve el Ejecutivo es ilegal, fue confirmada por juristas contratados por Casa Presidencial.

El ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, supo desde el pasado 16 de abril que el decreto PCM-005-2009 es ilegal.

Este decreto pretende que con solo uso de procedimientos estadísticos se instale una Asamblea Nacional Constituyente para derogar la carta magna.

El dictamen que hace la advertencia fue firmado en esa fecha por los juristas Efraín Moncada Silva, Carlos Gómez Moreno y José María Palacios.

Según el dictamen de estos juristas, existe la posibilidad real que el Ministerio Público (MP) pueda ejercer la acción penal por el delito de abuso de autoridad contra los que firmaron dicho decreto, en este caso el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Manuel Zelaya.

A pesar de que se hizo la advertencia de ilegalidad, el Ejecutivo continúa con el afán de hacer la consulta de junio e instalar la cuarta urna continuista en las elecciones generales de noviembre.

MP conforme a ley

El dictamen emitido por los tres juristas provocó la inmediata reacción de las autoridades del MP. “La posición de estos abogados nada más viene a reforzar la posición del Ministerio Público que hemos hecho lo correcto”, manifestó la directora de Fiscalías, Danelia Ferrera.

El punto de vista coincidente fortalece las acciones del MP, como la demanda de nulidad del decreto, que están apegadas a la ley.

“He observado el documento y (los tres juristas) ratifican la posición sobre la legalidad de la demanda interpuesta por el Ministerio Público”, expresó por su lado el fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado.

En primer término, el MP interpuso ante el Poder Judicial una demanda de nulidad del decreto.

“Es para evitar actos irregulares futuros que puedan obligar al Ministerio Público el ineludible derecho de ejercer la acción penal pública”, concluyó el fiscal.

Por su lado, el asesor legal del MP, Rigoberto Espinal, calificó como una buena noticia el dictamen de los juristas.

“Es un elemento más que abona a la opinión pública el sentido de que ese acuerdo ejecutivo es irregular e ilegal, que en su momento puede dar lugar a la deducción de la responsabilidad penal”, dijo.

Espinal espera que los funcionarios del Ejecutivo cambien de parecer ante opiniones legales que son correctas y científicas. Aunque se muestra pesimista porque a su juicio, en Presidencial “lo que les interesa es el poder y destruir la constitucionalidad”, puntualizó.

* RECURSO: El MP sostiene que no está en contra de una consulta popular, lo único es que se respete el estado de derecho, la legalidad para fortalecer la democracia.