TSC investiga despilfarro en la cuarta urna

A solicitud del Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investiga los actos relacionados con la encuesta de opinión promovida por el presidente Manuel Zelaya para reformar la Constitución de la República.

"Hemos recibido una solictud formal de parte del Ministerio Público para investigar los actos realizados en torno a lo que se conoce como encuesta de opinión, cuarta urna o como lo queramos llamar", dijo Renán Sagastume, magistrado del TSC a radio HRN.

"Ya estamos recopilando toda la información sobre el particular en las diferentes instancias del sector público, porque la información no solamente se refiere a los gastos de publicidad, sino también se nos ha dicho que hay viáticos y gastos de viaje para diversos funcionarios", añadió.

El magistrado confirmó que funcionarios del más alto nivel han viajado al interior del país para "hacer labores de promoción y de levantamiento de una encuesta que no sé exactamente cómo es que está funcionando".

"Es de público conocimiento que hubo una marcha de solidaridad en la cual también aparentemenrte hubo feriado, hubo unos pagos para la asistencia", señaló.

Sagastume informó que se está recopilando información de la fuente oficial, documentación que justifique el gasto en el que se ha incurrido para promocionar la cuarta urna, para verificar que el gasto esté dentro de los parámetros que marca la ley, de lo contrario, afirmó que se deducirán responsabilidades.

En cuanto a la investigación, aseguró que "es un proceso lento, hay retisensia", sin embargo recalcó que "la ley manda que no se puede negar información al Tribunal Superior de Cuentas".

El Ministerio Público hizo la solicitud debido al fallo del Tribunal de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa en el que se prohibe cualquier acción encaminada a realizar la consulta popular.

El MP estima que cualquier gasto que se haga en torno a algo suspendido por el Tribunal Contencioso Administrativo es reparable.

Además, "los funcionarios y servidores públicos no tenemos más facultades que las que expresamente nos menciona la ley... cualquier acto contra la ley, como un fallo judicial es nulo y acarrea responsabilidad".

El abogado manifestó que no se puede actuar sobre la ley ni hacer juicios de valor, de lo contrario el país podría caer en la 'ley de la selva'.

"Los fallos judiciales no se discuten, se acatan, se cumplen", enfatizó.