Comisión analiza si procede o no concesión

Si la concesión de la represa Nacaome se otorgó de forma arbitraria, la misma debe ser cancelada de forma inmediata. Esta es la decisión que prima en las bancadas del Congreso Nacional. La concesión se otorgó a una compañía italiana que tiene socios hondureños cobijados en la Empresa Mercantil Hondureña Eléctrica Nacaome (Enasa).

La concesión de la represa José Cecilio del Valle, ubicada en Valle, fue aprobada el 13 de enero por el anterior Congreso Nacional, horas antes de clausurar su cuarta y última legislatura. La iniciativa surgió del ministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), José Rosario Bonano, según dijo el ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Valerio Gutiérrez, quien no fue tomado en cuenta.

El diputado por Comayagua, Valentín Suárez, fue el encargado de "convencer" al resto de diputados para que firmaran el dictamen, según palabras del congresista Miguel Ángel Gámez. Se trata de una concesión por 25 años durante los cuales el consorcio italo-hondureño, cuyos socios no se han revelado aún, administrará los ingresos que le generen la producción de energía, agua potable y sistemas de riego.

A cambio, construirá ocho cortinas a un costo de ocho millones de dólares.

Juego de intereses

La concesión fue una más de las tantas que se aprueban a última hora, en la premura por clausurar el último período legislativo. Los jefes de las bancadas de los partidos políticos, incluyendo a José Alfredo Saavedra, presidente del Congreso en ese entonces, coincidieron en señalar que si se confirman irregularidades, a este nuevo Poder Legislativo no le quedará de otra que anular la leonina concesión.

Saavedra reveló que en este caso hay "un juego de intereses" que vale la pena investigar a profundidad. "El pueblo hondureño tiene derecho a saber la verdad", dijo el diputado por Valle, en cuyo período fue aprobada la concesión. Si la conclusión es que hubo irregularidades, hay que cancelar la concesión, dijo Saavedra.

PN espera informe

El jefe de la bancada nacionalista, José Celín Discua, dijo que el Partido Nacional está esperando el informe de la comisión de diputados para tomar una determinación al respecto. Si hay irregularidades, el Partido Nacional se pronunciará a favor de derogar el decreto que aprueba el contrato que se basa, aparentemente, en la Ley de Promoción y Desarrollo de Obras Públicas y de la Infraestructura Nacional.

"El Congreso tiene que hacer una investigación completa", dijo Discua, quien, pese al conflicto que ha generado la concesión, considera que el sur merece desarrollarse.

UD: cancelación inmediata

El presidente del Colectivo de Unificación Democrática (UD), el zelayista Marvin Ponce, dijo que su partido pedirá la cancelación inmediata de este contrato y no descartó que detrás estén altas personalidades políticas y económicas acostumbradas a hacer sucios negocios.

Orle Solís, de la Democracia Cristiana, dijo: "Lo importante es que se aclare porque el Congreso Nacional no puede emitir decretos irregulares. Lo correcto es que se pronuncie la Secretaría de Recursos Naturales", como lo establece la Ley de Concesiones. Toribio Aguilera, del Pinu, dijo que si hay anomalías, hay que anular la concesión.

Diputados deben hacer declaración jurada

Los diputados tendrán que rendir una declaración jurada sobre los bienes que poseen.

Para facilitarles este trabajo y darles todas las comodidades, el Tribunal Superior de Cuentas instalará una oficina en la sede de este poder del Estado, informó el secretario Rigoberto Chang Castillo. Hay diputados que entran pobres y salen ricos del Congreso Nacional afectando su imagen y la del mismo Poder Legislativo.

El presidente del Congreso, Juan Hernández, ha prometido luchar por mejorar la imagen de la Cámara Legislativa y para eso ha prometido dar el ejemplo, según el entrevistado. Se pretende que la oficina del TSC cuando concluya su labor de recepción de documentos se convierta en un espacio de acceso al público, porque así lo ha pedido el presidente del Congreso Nacional.

La idea es cumplir con las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública.