Ratifican acuerdo por tierras en Bajo Aguán

Hoy fue ratificada el acta de compromiso entre el gobierno de Honduras y los campesinos del MUCA que otorga 11 mil hectáreas de tierra a los labriegos en la zona del Bajo Aguán.

En Casa de Gobierno se confirmó que el mandatario Porfirio Lobo Sosa viajó hoy en helicóptero, encabezando una numerosa delegación de funcionarios que conforman la comisión negociadora, entre ellos el designado presidencial, Samuel Reyes, (gestor del acuerdo); el ministro de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado, y los ministros de Seguridad y Defensa, Óscar Álvarez y Marlon Pascua, respectivamente, entre otros.

La ratificación del documento le pone fin al conflicto -el cual se agudizó en los últimos cuatro meses- fue transmitida en directo por canales de televisión y medios radiales.

Por lo menos veinte cooperativas del Bajo Aguán, que conforman el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), habían aceptado anoche el acuerdo al que llegaron sus dirigentes con el gobierno la madrugada del miércoles, con lo cual se le pone fin al conflicto agrario que provocó nueve muertos (siete guardias y dos campesinos).

Además, generó cuantiosas pérdidas a los inversionistas agrícolas, mientras unos 15 mil empleados (ocho mil del sector agrícola y siete mil administrativos) dejaron de trabajar durante los últimos cuatro meses por la toma forzada de sus fuentes de trabajo.

El portavoz de los grupos campesinos, Rudy Hernández, dijo en un foro de Radio América que desde ayer los dirigentes se dieron a la tarea de hacer las consultas respectivas con los representantes de las 28 cooperativas de las cuales un 80 por ciento ha decidido ratificar el convenio.

Alrededor de veinte fincas, en su gran mayoría del empresario Miguel Facussé, fueron tomadas por los grupos campesinos bajo el argumento de que el empresario las compró "ilegalmente" a dirigentes campesinos que en el pasado traicionaron los objetivos de la reforma agraria.

Las tierras habían sido adjudicadas a los labriegos durante la década de los 70 por el gobierno populista de Oswaldo López Arellano, como parte de una obligada política de reforma agraria que satisfizo, en gran medida, las demandas de predios por parte del campesinado organizado.

La Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, aprobada en el marco de una crisis de la dirigencia campesina en 1992, prohibió las invasiones y determinó que los sobretechos de tierras de propiedad privada explotadas correctamente no serían objeto de afectación.

Bajo estos parámetros, los dirigentes de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh) han considerado como un "mal precedente" y un acto ilegal, aunque necesario para la paz del país, la decisión del gobierno de forzar a Facussé a la venta de tres mil hectáreas de tierra.

Estas tierras, por las cuales Facussé recibirá unos mil millones de lempiras por parte del Estado, están ubicadas, en su mayoría, en las fincas La Aurora, La Confianza, Los Laureles y Paso Aguán. Los campesinos las pagarán al Estado a largo plazo.

Variados comentarios

Los acuerdos que pusieron fin a la crisis agraria del Bajo Aguán han provocado las más variadas reacciones de diferentes sectores, mismos que van desde la satisfacción por haber resuelto un problema, que amenazaba con agravarse, hasta cuestionamientos de ilegalidad y de preocupación porque estos hechos se repitan en el futuro.

El presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, (Fenagh), Leopoldo Durán, dijo: "Esperemos que esto no se vuelva a dar, que sea por única vez que se está dando este tipo de situaciones".

"En el aspecto jurídico es un mal precedente" pero, "por el momento histórico que vive el país lo vemos bien".

El economista agrícola, Efraín Díaz Arrivillaga, exhortó al gobierno a iniciar un proceso de concertación y de "un proceso de reforma agraria planificado" para evitar nuevas tomas de tierras. Según fuentes de la Fenagh, hay tierras ociosas que están a la venta.