Indígena contra indígenas

Más de 1,500 indígenas marchan hace varios días buscando las alturas, pese a la represión de su gobierno dirigido por uno de ellos. Se han congregado decididos a defender el territorio ancestral que habitan, que es además un parque nacional en medio del gigantesco territorio amazónico sudamericano.

Parece ser una más de las innumerables tensiones que se viven en el mundo entre las prioridades desarrollistas de algunos Estados y el derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras. Pero no, este episodio tiene características muy particulares.

La amarga ironía para los marchistas, que han reunido a casi una treintena de representantes de las naciones y pueblos indígenas de Bolivia, es que su presidente se llama Evo Morales Ayma, indígena aymara.

Morales, merced a la nueva Constitución aprobada en su gestión, ha cambiado el nombre del país, que de República de Bolivia ha pasado a llamarse Estado Plurinacional de Bolivia, conformado por 36 naciones y pueblos indígenas, la gran mayoría naturales de las tierras bajas al norte, oriente y sur del país. Esto conlleva el reconocimiento de 36 lenguas oficiales además del castellano.

¿Y LOS PRINCIPIOS DE EVO? En la última Cumbre de Cancún sobre el cambio climático de 2010, Bolivia fue el único país del mundo que se opuso al documento final, argumentando que era demasiado débil y que no mostraba una verdadera decisión de defender la madre tierra (pachamama en aymara).

En ese contexto, el gobierno boliviano ha hecho una cuestión de fe de la difusión del "vivir bien" (suma k’amaña) que, según subraya, se basa en la relación armónica entre el ser humano y la naturaleza, filosofía indígena prehispánica en la que, incluso los derechos de la tierra -según su lectura- son más importantes que los derechos humanos.

Por otra parte, ha insistido muchas veces en que esa filosofía salvará a la humanidad como la única respuesta posible al consumismo y la explotación individualista de la tierra de la que es responsable Occidente.

Es bueno recordar que el gobierno de Morales, a pesar de haber sufrido en lo que va de 2011 una pronunciada baja de popularidad, tiene en frente a una débil oposición política después de haber doblegado a las poderosas élites económicas lideradas por empresarios agroindustriales de Santa Cruz (2008). Pero ciertamente nunca estuvo en la ecuación del Presidente que se le abriera un flanco opositor en su seno, cuando la gran mayoría de los pueblos indígenas marchan opuestos a una de sus iniciativas.

El mandatario, que siendo sindicalista condujo combativas marchas a La Paz en defensa de la coca, es hoy interpelado por los pueblos indígenas de los llanos que le exigen que cumpla la Constitución que promovió y promulgó, que respete los derechos indígenas que esta consagra y que respete la obligación de hacer una consulta a las comunidades afectadas por su proyecto caminero.

Los ambientalistas, por su parte, critican la decisión arbitraria y desafiante del gobierno, que insiste en que la carretera se hará "sí o sí", contradiciendo la esencia de su discurso indigenista y radical en defensa del medio ambiente. A su vez, algunos economistas subrayan que el proyecto revela un espíritu de desarrollismo anacrónico, basado en la vieja premisa de que una carretera es por definición sinónimo de progreso.

LA MANZANA DE LA DISCORDIA. El Parque Nacional y TCO indígena Isiboro-Sécure (por el nombre de los ríos que lo delimitan), conocido como TIPNIS, es un territorio que abarca casi 1,100,000 hectáreas, parte del territorio en el que, al pie de la gran cordillera andina, nace la Amazonia boliviana. Está situado casi en el centro del país, en los departamentos de Cochabamba y el Beni.

En él habitan los pueblos Yuracaré, Chimán y Mojeño, comunidades que suman alrededor de 90,000 personas. Morales quiere construir allí una carretera de 306 kilómetros a un costo de 415 millones de dólares, cuyo objetivo es, dividiendo en dos el parque y los territorios indígenas, unir las poblaciones de Villa Tunari en Cochabamba (al sur) y San Ignacio de Mojos en Beni (al norte).

La Constitución boliviana es muy clara en una situación como la planteada. El artículo 2 les otorga a las naciones y pueblos indígenas el derecho a la autonomía, al autogobierno y a la consolidación de sus entidades territoriales.

El artículo 30 especifica su derecho a ser consultados de manera obligatoria cuando el Estado toma decisiones que afectan a sus territorios. El artículo 347 reza: "El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales. Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales".

¿Por qué las incongruencias tan gigantescas ante estas reglas? La explicación es menos difícil de lo que parece. Uno de los ejes de la producción de coca en Bolivia está en el Chapare colindante con el TIPNIS, que comenzó a ser invadido hace algunos años por cultivos de la hoja aún en pequeña escala que con el nuevo camino podrían expandirse.

Morales forjó allí su liderazgo político como secretario ejecutivo -cargo que aún ocupa- de las federaciones de productores de coca. Es su base social y política más dura. Por otra parte, la presión en la zona por parte de migrantes indígenas andinos aymaras y quechuas es incesante.

El proyecto indígena del gobierno se apoya en la fuerza de los originarios andinos (91% del total de los indígenas de Bolivia) que controlan los hilos del poder gubernamental. El razonamiento de estos colonizadores del siglo XXI es muy simple: "Queremos la carretera para la habilitación y otorgación de tierras agrícolas en nuestro favor". "¿Por qué -razonan los andinos- unos pocos miles de hermanos de los llanos tienen tierras comunitarias de cientos de miles de hectáreas, y a nosotros nos niegan unas pocas hectáreas (de propiedad individual) en un espacio tan grande?".

Especialistas ambientales no solo afirman que la carretera provocará daños irreversibles a uno de los parques nacionales más emblemáticos, sino que saben que sentaría un precedente que puede ser terrible para el futuro de los parques de Bolivia, una de las naciones que cuenta con mayor biodiversidad en el mundo.

El llamado de Brasil. Detrás de este increíble escenario de enfrentamiento de indígenas contra indígenas en el primer Estado Plurinacional de América está un jugador poderoso, Brasil. Su banco estatal de desarrollo y la empresa OAS, constructora brasileña, tienen la llave y el candado del proyecto.

El 80% del financiamiento de la carretera viene del Brasil. Tal es la importancia del tema que el expresidente Lula estuvo en Santa Cruz en los días en que comenzó el conflicto, y en Brasilia ya se han prendido las alarmas. El tema, que ha cobrado repercusión internacional, desafía a la presidenta Rousseff en dos dimensiones.

La cada vez más compleja relación bilateral por la incidencia de la droga originada en Bolivia con destino a Brasil y la vocación ambientalista de un gobierno que sabe muy bien de conflictos de esa naturaleza en su propio territorio, y que tiene además la intención de construir tres grandes presas hidroeléctricas en el río Madera (una de ellas en territorio boliviano), en el que desemboca toda la gran cuenca amazónica de Bolivia.

Los indígenas que marchan en defensa del TIPNIS y exigen que la nueva carretera, en vez de cortar el parque como un pastel, lo bordee, cuestionan la retórica del gobierno del presidente Morales (quien se vio obligado a suspender el proyecto), lo desafían a responder sobre su verdadera concepción del desarrollo, y a demostrar si gobierna defendiendo y promoviendo los derechos de todos los indígenas, o es, por el contrario, el líder excluyente de los indígenas de las alturas que lo entronizaron en 2006 en una impactante ceremonia en Tiwanaku, símbolo del poder de un imperio preinca que no conocía la existencia del gigantesco Amazonas.

Morales puede derrotar a los indígenas y hacer la carretera por donde quiere, o ceder y construirla sin afectar el TIPNIS. Pero la herida está ya abierta y es profunda.