Rehabilitación de víctimas, muy lenta y costosa

En Colombia, país que junto con Afganistán es de los más afectados en el mundo por las minas antipersonas, la rehabilitación de sus víctimas es una tarea que demanda paciencia y elevados recursos, y para los afectados civiles resulta más difícil por la engorrosa y precaria ayuda del Estado.

Desde 1990 hasta octubre de este año, 8,081 colombianos han sido víctimas de esos artefactos. En lo que va de 2009 ya suman 544, de los cuales 394 son miembros de las Fuerzas Armadas y 150 civiles, según cifras de la Vicepresidencia de la República, que tiene a su cargo este problema.

DESPROTEGIDOS."En Colombia, en el papel, mediante la ley 418, el Estado protege a las víctimas, pero en la práctica las tiene desprotegidas", dijo a la AFP Andrea Moreno, trabajadora social del Centro Integral de Rehabilitación de Colombia (CIRC), una ONG que trabaja con esas víctimas y participa en la Conferencia de Cartagena."Aunque hay una ruta de atención, la mayoría de víctimas de minas desconoce sus derechos y cuando pretenden hacerlos efectivos esa ruta resulta demasiado engorrosa y difícil por el trámite ante los diferentes entes estatales", señala, tras resaltar que casi el 100% de las víctimas civiles son campesinos.Además asegura que existe un subregistro de víctimas debido a que alrededor del 80% de los casos se produce en apartadas zonas rurales, muchas veces se quedan mutiladas o se fabrican prótesis artesanales para continuar sus vidas. Es por ello que el CIRC tiene un programa de búsqueda de víctimas en esas regiones.El trabajo de rehabilitación de las víctimas civiles de minas antipersonas en Colombia está en manos de organizaciones no gubernamentales que trabajan con cooperación internacional y recursos propios, asegura Moreno.En esas instituciones, además de la fisioterapia y las prótesis -cuyos precios varían entre 1.2 y 20 millones de pesos (750,000 y 10 millones de dólares)-, las víctimas deben recibir también hospedaje y alimentos, dada su precaria condición económica y lejanía de su lugar habitual de residencia.El valor de las prótesis no solo depende de la calidad y la sofisticación de la misma, sino de la necesidad física del mutilado, su capacidad de adaptación y el tipo de vida que lleva; por ello el proceso de rehabilitación varía entre uno y seis meses."Como generalmente son campesinos que tienen que volver a sus labores agrícolas en terrenos y condiciones adversas para una persona discapacitada, requieren prótesis de extremidades inferiores de ciertas características", explicó Marcela Días, fisioterapeuta del CIRC.Además, resalta la falta de una política efectiva de protección a las víctimas civiles de las minas antipersonas y agrega que "el Estado solo sufraga una prótesis, cuando hay que cambiarlas generalmente cada cinco años". Colombia hace parte del Tratado de Ottawa sobre prohibición de minas antipersonas cuya II Conferencia de Revisión se realiza en el caribeño balneario colombiano de Cartagena (norte), y cuyo objetivo es lograr un mayor compromiso con las víctimas de parte de los 156 estados signatarios.

DESMINADO.Actualmente el resultado del desminado no ha avanzado con la celeridad que se esperaba. Un informe divulgado en Cartagena indica que "13 de los 53 países signatarios del Tratado que declararon tenían zonas minadas bajo su jurisdicción han cumplido con la obligación de limpiarlas".Según el Monitor de Minas Terrestres, un programa de monitoreo de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas, en "por lo menos siete países" que hacen parte de la Convención se "ha reportado el uso de minas antipersonas por grupos armados no estatales".Pero el gran desafío que aún persiste es la asistencia a las víctimas, como lo relevó la presidenta de la cita de Cartagena.Aunque señaló a la AFP que el problema no es solo de dinero, reconoció que es un factor que en muchos países, especialmente los más pobres, "no garantiza una efectiva ayuda".Un total de 626 millones de dólares, provenientes de fondos internacionales y nacionales, se destinaron en 2008 contra las minas antipersonas, según indica uno de los informes entregados en Cartagena, que puntualiza que los principales donantes fueron la Comisión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá.La ONU cree que, a pesar de lo exitosa que ha sido la Convención de Ottawa, aún existen muchos retos que están pendientes y requieren una acción firme e inmediata.Por eso exhortó a los Estados parte a concentrar sus esfuerzos en las víctimas y sus familias.Agregó que todos los días en todo el mundo "incontables víctimas de las minas antipersonas luchan por restablecer sus vidas y su dignidad". En medio de las preocupaciones por los daños que cada año les siguen ocasionando las minas terrestres a más de 25,000 personas, la Cumbre por un Mundo Libre de Minas realizada en Cartagena de Indias logró un anuncio de Polonia y generó una esperanza por parte de Estados Unidos.

cese de la fabricación de minas antipersonas y su prohibición en 156 naciones obligó a grupos armados ilegales a producirlas artesanalmente, y sus técnicas evolucionan para hacerlas más letales y menos detectables.

En algunos países la tendencia es fabricar artefactos que ya no son activados por las víctimas, sino detonados a control remoto, previa identificación del objetivo.

Con ello, y es paradójico, "el atacante se ajusta al derecho internacional humanitario que prohíbe el uso de armas que maten indiscriminadamente (civiles o militares), como es el caso de las minas antipersonas", explicó a la AFP desde Cartagena Mark Hiznay, miembro de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) y especialista en este tema.

Pero la modalidad que se impone, especialmente en países como Afganistán, Irak, Birmania y Colombia, que figura con el mayor número de víctimas por minas antipersonas, es la fabricación de artefactos artesanales por los grupos armados ilegales, como los insurgentes iraquíes, los talibanes en Afganistán o la guerrilla de las FARC.

"Hay cada vez menos avances tecnológicos, no se invierte en programas de desarrollo. Ese es uno de los resultados del Tratado de Ottawa", que prohíbe la producción de minas antipersonas y al cual se han adherido 156 países, indicó Hiznay.

Sin embargo, "es suficiente con tener material explosivo de calidad a disposición", añadió.

La producción artesanal es creciente ya que, según el especialista, "no hay abastecimiento por parte de las empresas que las fabricaban, incluso en países como Estados Unidos, Rusia y China, que no han firmado el Tratado de Ottawa, pero suspendieron su producción".

En Colombia, el vicepresidente Francisco Santos señaló que las FARC vienen utilizando cada vez más las minas antipersonas para proteger los sembradíos ilícitos de coca y amapola (materias primas de la cocaína y la heroína).

Lo mismo sucede en Perú, donde según Hiznay el grupo rebelde Sendero Luminoso viene empleando ese tipo de artefactos en forma creciente.

Para las Fuerzas Militares de Colombia, el mayor número de víctimas en sus filas en los últimos meses tiene que ver con las minas antipersonas, ahora fabricadas con materiales que las hacen menos detectables, como plástico o PVC (policloruro de vinilo).

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) han sido pioneras y creativas en la producción de nuevos artefactos, como los cilindros bomba que a manera de morteros caseros comenzaron a utilizar en 1996 en sus ataques contra poblaciones, guarniciones militares o policiales y convoys.

DESPROTEGIDOS.

"En Colombia, en el papel, mediante la ley 418, el Estado protege a las víctimas, pero en la práctica las tiene desprotegidas", dijo a la AFP Andrea Moreno, trabajadora social del Centro Integral de Rehabilitación de Colombia (CIRC), una ONG que trabaja con esas víctimas y participa en la Conferencia de Cartagena.

"Aunque hay una ruta de atención, la mayoría de víctimas de minas desconoce sus derechos y cuando pretenden hacerlos efectivos esa ruta resulta demasiado engorrosa y difícil por el trámite ante los diferentes entes estatales", señala, tras resaltar que casi el 100% de las víctimas civiles son campesinos.

Además asegura que existe un subregistro de víctimas debido a que alrededor del 80% de los casos se produce en apartadas zonas rurales, muchas veces se quedan mutiladas o se fabrican prótesis artesanales para continuar sus vidas. Es por ello que el CIRC tiene un programa de búsqueda de víctimas en esas regiones.

El trabajo de rehabilitación de las víctimas civiles de minas antipersonas en Colombia está en manos de organizaciones no gubernamentales que trabajan con cooperación internacional y recursos propios, asegura Moreno.

En esas instituciones, además de la fisioterapia y las prótesis -cuyos precios varían entre 1.2 y 20 millones de pesos (750,000 y 10 millones de dólares)-, las víctimas deben recibir también hospedaje y alimentos, dada su precaria condición económica y lejanía de su lugar habitual de residencia.

El valor de las prótesis no solo depende de la calidad y la sofisticación de la misma, sino de la necesidad física del mutilado, su capacidad de adaptación y el tipo de vida que lleva; por ello el proceso de rehabilitación varía entre uno y seis meses.

"Como generalmente son campesinos que tienen que volver a sus labores agrícolas en terrenos y condiciones adversas para una persona discapacitada, requieren prótesis de extremidades inferiores de ciertas características", explicó Marcela Días, fisioterapeuta del CIRC.

Además, resalta la falta de una política efectiva de protección a las víctimas civiles de las minas antipersonas y agrega que "el Estado solo sufraga una prótesis, cuando hay que cambiarlas generalmente cada cinco años".

DESMINADO. En medio de las preocupaciones por los daños que cada año les siguen ocasionando las minas terrestres a más de 25,000 personas, la Cumbre por un Mundo Libre de Minas realizada en Cartagena de Indias logró un anuncio de Polonia y generó una esperanza por parte de Estados Unidos.

Actualmente el resultado del desminado no ha avanzado con la celeridad que se esperaba. Un informe divulgado en Cartagena indica que "13 de los 53 países signatarios del Tratado que declararon tenían zonas minadas bajo su jurisdicción han cumplido con la obligación de limpiarlas".

Según el Monitor de Minas Terrestres, un programa de monitoreo de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas, en "por lo menos siete países" que hacen parte de la Convención se "ha reportado el uso de minas antipersonas por grupos armados no estatales".

Pero el gran desafío que aún persiste es la asistencia a las víctimas, como lo relevó la presidenta de la cita de Cartagena.

Aunque señaló a la AFP que el problema no es solo de dinero, reconoció que es un factor que en muchos países, especialmente los más pobres, "no garantiza una efectiva ayuda".

Un total de 626 millones de dólares, provenientes de fondos internacionales y nacionales, se destinaron en 2008 contra las minas antipersonas, según indica uno de los informes entregados en Cartagena, que puntualiza que los principales donantes fueron la Comisión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá.

La ONU cree que, a pesar de lo exitosa que ha sido la Convención de Ottawa, aún existen muchos retos que están pendientes y requieren una acción firme e inmediata.

Por eso exhortó a los Estados parte a concentrar sus esfuerzos en las víctimas y sus familias.

Agregó que todos los días en todo el mundo "incontables víctimas de las minas antipersonas luchan por restablecer sus vidas y su dignidad".