La desmemoria histórica y los juicios a las dictaduras militares

El reciente juicio (¿?) celebrado en Argentina y el procesamiento de un grupo militar que tuvo responsabilidades políticas durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), que degeneró en una larga agonía tras el desastre de la guerra de las Malvinas, vuelve a poner de actualidad la inagotable cuestión de la memoria histórica.

Si bien es cierto que las dictaduras militares del Cono Sur, pero especialmente las de Argentina, Chile y Uruguay, cometieron algunos actos que vulneraron los derechos humanos, no es menos cierto que la situación que se vivía en estos tres países distaba mucho de ser el idílico paraíso que nos quieren “vender” algunos. Nada más falso.

En Argentina, por ejemplo, el grupo terrorista los Montoneros, que eran el ala izquierda del funesto peronismo, llevó a cabo centenares de acciones terroristas que provocaron la muerte de miles de inocentes, en su mayor parte policías, miembros de las Fuerzas Armadas o simples civiles sospechosos de no comulgar con el credo marxista.

Un cálculo a la baja de las víctimas de esta oleada de terror, que tuvo su clímax en el período de la presidenta María Estela Martínez de Perón (1974-1976), situaría en varios de miles los asesinados y heridos en estos años por esta banda de desalmados criminales. Nunca por debajo de los 6,000.

Los Montoneros eran esencialmente una organización terrorista que mataba, extorsionaba, secuestraba, torturaba y colocaba bombas en uno de los periodos más turbulentos de la historia de Argentina.

En fin, que no eran unos angelitos. Las supuestas víctimas totales de la dictablanda que tenía el poder no llega a los 8,000. Sin entender el caos político, social y económico que se produce entre 1973 y 1976, en que la violencia caracterizaba la vida del país y el ambiente de preguerra civil se palpaba en la calle, no se puede entender el golpe de Estado que acontece el 24 de marzo de 1974 de la mano del ahora juzgado y condenado -dos veces, en un hecho que no tiene parangón histórico- Jorge Videla.

El país estaba en bancarrota, la violencia golpeaba a todos los sectores sociales, pero especialmente al mundo de la empresa y las Fuerzas Armadas, y el caos político se había apoderado de las calles argentinas.

La gente, el país en general, estaba llamando casi literalmente a las puertas de los cuarteles para poner fin a uno de los períodos más siniestros y trágicos de la historia de este país. Hasta el Partido Comunista Argentino, aunque algunos no lo crean, apoyó esta acción militar que tenía como fin poner coto a tanto desatino.

De la misma forma, en el Chile de Allende, mitificado por la izquierda pese a su pésima gestión política y económica, tampoco pintaban mejor las cosas.

Varias huelgas generales, asesinatos de militares y policías a manos de grupos incontrolados de extrema izquierda que paradójicamente apoyaban al gobierno, una situación económica desastrosa y una política exterior claramente vinculada a la Cuba comunista y la extinta Unión Soviética, junto con un absoluto desprecio por las formas y las instituciones democrática, son las notas básicas del balance resumido de los tres largos años de desgobierno izquierdista en Chile.

No estoy justificando el golpe de Estado de Augusto Pinochet, pero no se puede idealizar el más turbio mandato constitucional habido este país del Cono Sur simplemente porque el paso del tiempo permite el olvido y porque cierta izquierda manipula descaradamente los hechos acaecidos realmente.

El golpe de Estado fue el efecto de un estado de cosas que llevaba indefectiblemente a una dictadura de corte izquierdista; Allende, junto con los comunistas, practicaron abiertamente y sin disimulo el “entrismo”, es decir, utilizar las vías políticas y constitucionales para llegar al gobierno y una vez en el mismo subvertir el sistema y sentar régimen.

Hubo violaciones de derechos humanos durante los años de Pinochet, es verdad, pero también las hubo antes de la mano de poderosa e impune extrema izquierda que se dedicó a asesinar arbitrariamente a todo aquel que consideraban “enemigo del pueblo”. Nunca nadie fue juzgado por esos hechos, ni fue arrestado por nuestro juez-estrella, Baltasar Garzón.

Lo mismo podría decirse de Uruguay, donde el terrorismo izquierdista ensangrentó el país en los años sesenta y setenta. Se cuentan por centenares las acciones de estos grupos terroristas que eran apoyados por Cuba, la Unión Soviética y otros Estados de corte comunista.

Los asesinatos, los secuestros y las acciones indiscriminadas contra la población civil estaban al orden del día. Vivíamos en la Guerra Fría y el continente americano padecía una guerra de baja intensidad entre los que defendían las libertades y los que querían convertir a sus países en gigantescas ergástulas al estilo de la cárcel-isla de Cuba, que ya sufría los rigores y el totalitarismo de los hermanos Castro.

Los paredones de fusilamientos, inaugurados por el guerrillero Ernesto Che Guevara, ya ensangrentaban las calles de La Habana. Y algunos soñaban con trasladar el modelo a Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile. Lástima.

ENSAÑAMIENTO EN LOS JUICIOS A LOS MILITARES. Desvirtuar e ignorar estos hechos ocurridos en estos tres países es tergiversar la historia, intentar reescribirla con fines políticos que justifiquen los juicios que se han realizado y se siguen realizando contra los responsables militares y policiales que lideraron la lucha contra el terrorismo.

No es justicia lo que emana de estos procesos a las cúpulas militares, sino un burdo ensañamiento por una izquierda que se siente poderosa y que ahora ejerce el poder en la mayor parte de los países de América Latina.

Y es que ni siquiera se guardan las formas: Videla ha sido juzgado dos veces y se le anuló, incluso, un indulto presidencial concedido por Carlos Menem.

Qué vergüenza llamar a estas pantomimas, pues no merecen otro nombre, juicios. Se les llena la boca apelando a las adormecidas conciencias con la exigencia de una supuesta “justicia” que tiene más que ver con los procesos estalinistas que con la rigurosa aplicación de las mínimas normas procesales en un Estado de Derecho.

Los responsables de miles de crímenes y acciones atroces en estos tres países nunca han sido procesados y juzgados, sino que incluso se sienten orgullos de aquellos de plomo y terror y se sienten respaldados por sus respectivas sociedades.