Ecuador, con dudas ante nueva ley de comunicación

Contará próximamente con una Ley de Comunicación promovida por el gobierno de Rafael Correa, que incluye un consejo de regulación de contenidos, con lo cual adecuará su legislación con las decisiones tomadas en la consulta popular del pasado 7 de mayo, pero que abrió un debate nacional sobre la comunicación y sus formas.

En esa consulta, también de iniciativa oficial, se preguntó a los ecuatorianos -entre otras diez preguntas- si estaban de acuerdo en que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, expida una ley de comunicación que cree un consejo de regulación para que controle la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios.

Pedía así mismo que el consejo establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o de los medios emisores, temas que han sido rechazados por los medios de comunicación privados y por la oposición política, que ve en ello un obstáculo a la libertad de expresión.

Con esta ley y este consejo regulatorio, Ecuador será uno de los primeros países que plasme el derecho a la comunicación en un instrumento legal práctico.

La Constitución de Ecuador establece ese derecho como parte de los llamados "derechos del Buen Vivir" en los que se establece el derecho a una comunicación libre, al acceso a la tecnología de la información y obliga al Estado a fomentar el acceso universal a esos espacios.

También respalda los tradicionales derechos a la libertad de expresión y de prensa y a producir información plural y veraz, lo cual, según detractores del gobierno, no se estaría cumpliendo.

LUCHA CONSTANTE. El gobierno del presidente Rafael Corre ha basado buena parte de su sostenida popularidad en su constante fricción con personajes políticos y medios de comunicación, fruto de esos enfrentamientos ha logrado socavar la fuerza de algunas figuras periodísticas que debieron salir de sus espacios informativos y de opinión.

Por otro lado, Correa, en una fuerte campaña de imagen, fortaleció su política de creación de "medios públicos" que, con una gran inversión estatal, son hoy ventanas y voces de la información oficial.

Se suma a esto la utilización de un grupo de medios incautados por el Estado a entidades bancarias cerradas, que debieron ser vendidas para recuperar dineros del fisco, pero son utilizados en la misma línea de los medios públicos.

El mandatario no ha dudado en entablar millonarios juicios en contra de medios y periodistas, como el impactante caso contra ejecutivos y un editorialista del diario de mayor circulación de Ecuador, "El Universo", juicio que reclama una indemnización por 80 millones de dólares por daño moral.

De igual manera, los ecuatorianos se han acostumbrado ya a las llamadas "cadenas del gobierno". Según datos de la organización no gubernamental Participación Ciudadana, desde enero de 2007 a mayo de 2011 el gobierno, a través de su Secretaría de Comunicación, ha emitido 1,255 de estas cadenas, en la mayoría destinadas a replicar versiones periodísticas, muchas de ellas obligadas a ser difundidas en específicos noticieros o programas de información.

El consejo de regulación y su conformación debe ser discutido en la Asamblea Nacional, trámite necesario según el propio Correa, quien señaló con anterioridad que fue imperioso crearlo debido a que los medios "bloquearon con su poder omnímodo" la ley de comunicación durante dos años, tiempo que ha tardado su trámite en la legislatura.

Dijo que la pregunta se incluyó en el plebiscito "para limitar los excesos de la prensa, ya que ellos quieren hacer creer que la mejor ley es la que no existe y que ellos solitos se regulan", e indicó que un consejo de regulación es necesario y existe en todas partes del mundo para defender el derecho de los ciudadanos que deben exponerse a ver imágenes de crueldad solo con fines comerciales.

En la línea de defensa del consejo de regulación, el subsecretario de Comunicación, Patricio Barriga, dijo a DPA que este organismo es necesario "para la tutela de los derechos, tanto de la libertad de expresión, como de aquellos que en su ejercicio se vinculen a ella" y será un organismo de regulación "que deberá normar la programación y los contenidos con estricto apego a lo que se prevé en tratados internacionales".

En la visión de Barriga, es necesario dar otros pasos ahora como "repensar la comunicación desde una perspectiva más amplia, en donde la ciudadanía, otrora pasiva, se transforme en una ciudadanía activa".

Consideró que este es uno de los "pasos firmes" en la transformación social profunda en que está empeñada esta Revolución Ciudadana, como se autocalifica el gobierno y sus acciones.

En el ámbito de la Asamblea, hay por ahora el ánimo de obtener el mayor consenso posible sobre la ley de comunicación y el consejo de regulación. El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, pidió a las distintas bancas construir una ley de comunicación con el más amplio consenso "dejando atrás los falsos prejuicios".

Anunció los acercamientos necesarios para destrabar el debate de la ley y que será fundamental el debate sobre "qué hará, cuáles son las capacidades y competencias del consejo de regulación, así como definir qué es la regulación".

Desechó que los ánimos sean por parte del movimiento político gubernamental Alianza País y su bloque mayoritario en la Asamblea, la de "ejercer algún tipo de mordaza" a la prensa.

Y en efecto, como "ley mordaza" fue calificada la ley de comunicación en debate, por el asambleísta independiente César Montufar, quien dijo a DPA que la ley es "punitiva y sancionadora" y que por ende afectará no solo a los periodistas sino a la ciudadanía en general.

La ley, según Montufar abre el camino para que sea una de control y sanción ya que están planteadas sanciones administrativas. "Si los excesos van a ser solucionados con una ley punitiva puede convertirse en un remedio peor que la enfermedad", dijo.