En un día cálido al final del verano en la costa salvadoreña, más de 100 policías alertados por los servicios de inteligencia inspeccionan una plantación de caña de azúcar abandonada y desentierran dos barriles de plástico llenos de dólares.
Tomó tres días contar todos los billetes de 100, 50 y 20 dólares. El monto total ascendió a 10 millones de dólares. Una semana después fue hallado un tercer barril en el patio de una vivienda de un barrio exclusivo de San Salvador, con otros 4.5 millones de dólares.
Si bien quedan muchos interrogantes, es previsible que el dinero enterrado esté vinculado con los carteles mexicanos del narcotráfico, que ahora operan casi a placer en Centroamérica.
Las feroces campañas que montaron los gobiernos de México y Colombia con apoyo de Estados Unidos hicieron que los carteles se desplazasen hacia una región donde impera la corrupción, hay muy poco control fronterizo y las pandillas locales ofrecen sus estructuras.
Los barriles fueron encontrados en una hacienda que es propiedad de dos guatemaltecos, uno de los cuales tendría vínculos con el líder de la banda local asociada al Cartel del Golfo, quien cumple una condena de 31 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.
“Los carteles tienen muy en claro la posibilidad de usar a El Salvador como lugar donde se puede lavar dinero y para usarlo como vía para trasladar dinero hacia el sur a fin de pagar por las drogas que se compra”, declaró el subdirector de la policía nacional Howard Cotto en una entrevista con la AP.
También está claro que cuando el presidente estadounidense Barack Obama visite El Salvador a fin de mes, como parte de una gira por Latinoamérica, llegará a una región que vive sus momentos más álgidos desde las guerras civiles de los años 80.
TEMAS EN AGENDA. Mientras que Estados Unidos y México se enfocan en combatir el tráfico de drogas en su frontera común, ese tráfico florece en Guatemala, país que no produce una sola arma.
“Hay evidencia de un tráfico de armas estadounidenses a la inversa, de sur a norte”, declaró un funcionario estadounidense que no puede ser identificado por razones de seguridad. “No tenemos cifras precisas. Lo que sabemos es que sucede y que no parece ser al azar”.
El presidente salvadoreño Mauricio Funes, quien tiene estrechos lazos con Estados Unidos a pesar de ser el primer líder izquierdista del país, dice que durante la visita de Obama se concentrará en el tema de la pobreza.
La pobreza y la violencia que derivaron en una guerra civil de 13 años, en la década del 80, principios del 90, persisten y los estados rurales y los suburbios de la capital donde se libraron las batallas están controlados hoy por pandillas.
La Casa Blanca dice que Obama, quien estará en El Salvador el 22 y 23 de marzo, hablará de “la economía regional y bilateral, de la energía limpia y de iniciativas de cooperación para la seguridad ciudadana”.
Otras naciones centroamericanas dicen que la seguridad es el tema prioritario y expresan asombro de que la Casa Blanca planee solo un encuentro bilateral.
“Todos los que llevamos una década trabajando en la cooperación regional nos sentimos decepcionados”, comentó el ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein. “Se lavaron las manos”.
Centroamérica siempre ha sido un sitio de tránsito para las drogas que van de Colombia hacia Estados Unidos y un escondite para los capos mexicanos.
Una figura clave, que posteriormente sería hallada culpable del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en México en 1985, fue detenida en Costa Rica. El jefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue apresado cerca de la frontera entre México y Guatemala en 1993.
Pero el flujo de drogas y de dinero se intensificó cuando se reforzaron las medidas de seguridad en Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y más todavía cuando el gobierno mexicano inició una fuerte campaña contra el narcotráfico en el 2006.
La violencia aumentó con la llegada de los Zetas a Centroamérica en el 2008, casi al mismo tiempo en que los carteles mexicanos comenzaron a pagarle a sus colaboradores con drogas en lugar de dinero, lo que generó un boom en la venta de drogas y un incremento en la violencia callejera.
En la actualidad, cualquier cartel que quiere hacer negocios en Guatemala debe pagar una comisión a los Zetas, según Leonel Ruiz, fiscal federal a cargo de los casos de narcotráfico, cuyo trabajo aumentó un 50% en los últimos cinco años.
El gobierno guatemalteco puso fin hace poco a un sitio de dos meses del estado norteño de Alta Verapaz, cerca de la frontera con México, que es una de las principales rutas para el contrabando de drogas de Honduras a México.
Allí los Zetas circulaban por las calles con rifles y vehículos blindados e incluso controlaban el ir y venir de la gente y decidían cuándo podían salir de sus casas. Pocos creen que esto haya cambiado muchos las cosas. Ruiz dice que los Zetas controlan otros cuatro estados y casi la mitad del territorio guatemalteco.
La mayor parte de los transportes sospechosos llegan a Guatemala, en tanto que el grueso de los transportes aéreos sospechosos aterrizan en Honduras, de acuerdo con información secreta a la que tuvo acceso la AP.
Las autoridades hondureñas han hallado un promedio de 20 avionetas abandonadas por año a lo largo de la costa atlántica del país en los últimos tres años y sospechan que los pescadores ayudan a descargar drogas de barcos para evitar su detección.
La corrupción gubernamental y las fronteras porosas hacen que le resulte difícil a las autoridades combatir ese tráfico. En toda la región, cantidades de funcionarios públicos, incluidos jefes de la policía y directores de la lucha contra el narcotráfico, han sido enjuiciados o renunciaron.
