Prioridad en la agenda nacional

La sociedad hondureña ha experimentado en la última década un alarmante incremento de la criminalidad que se ve reflejado en las 36,036 muertes violentas, que ubican a Honduras como uno de los países más violentos de la región centroamericana, ya que la tasa de muertes violentas por cada 100,000 habitantes aumentó de 31.76 que era en el año 2000 a 66.8 en 2009, con una tendencia a llegar en 2010 a 72.8, con lo cual se estaría superando 8.27 veces la tasa mundial de 8.8, establecida por la Organización Mundial de la Salud en el año 2000.

La violencia en el país es uno de los mecanismos y prácticas más frecuentes para resolver los problemas; la confrontación entre familias y personas, a veces con rivalidades y conflictos de generaciones, se ha generalizado, a tal grado que, sin que medie razón, más que la ejecución de un acto delictivo (secuestro, asesinatos y tráfico de drogas, entre otros), cualquier persona, en cualquier lugar y circunstancia, puede convertirse en víctima de la violencia, llegando inclusive a la privación de la vida.

No es de extrañar que un alto porcentaje de las quejas presentadas ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) es de víctimas que han quedado desamparadas ante la impunidad, la inacción o ineficiencia del sistema de procuración y administración de justicia.

Muchas denuncias formuladas ante el Ministerio Público no han sido debidamente investigadas por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), y en las que se han hecho pesquisas hay serias deficiencias jurídicas que son aprovechadas por la defensa del acusado, o son tan graves por acción o por omisión que el juez no puede continuar con el procedimiento. Y, por el contrario, son tantos los casos en que a pesar de haberse concedido orden de aprehensión, ésta no se ha ejecutado por la policía, que en su defensa indica no tener medios ni recursos suficientes porque sencillamente les falta no voluntad sino voluntad y medios.

Con demasiada frecuencia, algunos miembros de los cuerpos de seguridad pública han manifestado que la defensa y protección de los derechos humanos solo favorece a los delincuentes y siempre perjudica a las víctimas del delito. Afirmación que, además de errónea, no tiene fundamento jurídico ni ético que la soporte. Eso sí, el argumento ha causado una grave confusión entre la población, de ahí la necesidad de exponer algunas razones que le devuelvan la razón a la razón.

Ni la defensa ni la protección de los derechos humanos son un obstáculo para prevenir, combatir y controlar el crimen, ya que las causas de la inseguridad que vive nuestro país son diversas: delincuencia, narcotráfico, corrupción, impunidad, violencia, desigualdad y desconfianza en las autoridades, entre muchas más.

Una de las causas más comunes de la inseguridad es la corrupción, entendida no solo como aceptar o pedir una dádiva, sino dejar de hacer cuanto se está obligado a hacer.

Otra es la impunidad que se manifiesta cuando la persona no denuncia algún delito que se ha cometido, ya sea por miedo, ignorancia, indiferencia o desconfianza en las autoridades; cuando el policía no detiene por ineficacia, incapacidad, complicidad o desconocimiento; cuando el Ministerio Público y el juez no hacen correctamente su trabajo, entre otros casos.

La impunidad por ineficiencia de la policía también genera violencia. Al no ver satisfecho ese derecho, dejamos en la víctima del delito un deseo de “justicia”, muchas veces traducido en venganza y hasta justicia por propia mano. Por lo antes mencionado, menos ciudadanos acudirán a denunciar, mientras que los delincuentes seguirán haciendo de las suyas a la sombra de la impunidad.

El reto, tanto de las instituciones de seguridad pública como de la sociedad en general, es romper el círculo vicioso que forman la corrupción, la impunidad, la desconfianza, la violencia e inseguridad, ya que algunos se han empeñado en señalar que quienes se dedican a “la protección y defensa de los derechos humanos” han ocasionado la delincuencia y que, además, ¡no les permiten combatirla! Esto es falso. Para muchos servidores públicos esto solo es un pretexto para seguir ocultando su ineficiencia y, en ocasiones, su complicidad.

Por ello, el Conadeh pugna por una política de seguridad pública que actúe sobre las causas de la criminalidad y privilegie la prevención e investigación del delito, ya que una verdadera política de seguridad pública debe atacar las causas de la criminalidad y prever medidas en el ámbito social, de infraestructura, educación y participación de la sociedad, para prevenir o combatir todo factor criminal y así dificultar la comisión de delitos.

La colaboración de todos los actores sociales es urgente, ya que la seguridad pública no solo es un problema de los cuerpos policiales, especialmente cuando vemos que las debilidades en este rubro son fuente de una violencia e impunidad que afectan la vida, la integridad, la libertad y el derecho a la justicia de las personas y, en general, el de todos a llevar una vida libre de temores y sobresaltos.

Para que la lucha contra la delincuencia sea eficaz, las acciones deben ser legítimas, esto es respetar la Constitución y demás leyes y con ello los derechos humanos, no solo por el bien de la legalidad, sino por el de la sociedad, para que recupere ese espacio tan natural al que tiene derecho y que le ha sido arrebatado: la calle, a cualquier hora y en días laborables o de feriado, así como su propia casa y el centro de trabajo, o el ejercicio de su profesión.