Pobreza y exclusión aguardan a deportados

Pobreza, exclusión y falta de oportunidades aguardan a los guatemaltecos deportados de Estados Unidos al regresar a casa, según un informe divulgado este jueves elaborado por la Mesa Nacional para las Migraciones (Menamig).

“Tengo 40 años y ya no me dan trabajo en ningún lado. Vendo helados y chocobananos pero es insuficiente para conseguir lo que mi familia necesita”, dijo a la AFP Odilia Merino, capturada el 12 de mayo del año pasado en una planta procesadora de carne de Postville, Iowa (EE UU).

Esta madre de cinco hijos, cuyas edades oscilan entre los 13 y 21 años, llegó a Guatemala el 16 de octubre, tras ser deportada de suelo estadounidense donde estaba indocumentada.

En similares circunstancias se encuentran 122 guatemaltecos más que fueron capturados durante el operativo realizado en Postville, quienes viven en cuatro comunidades de dos departamentos ubicados al oeste de la capital guatemalteca.

El informe destaca que la recepción y asistencia para los guatemaltecos que son deportados de Estados Unidos continúa siendo “mínima e insuficiente” por parte del Centro de Atención al Migrante del ministerio guatemalteco de Relaciones Exteriores.

“Las condiciones socioeconómicas que enfrentan actualmente (los deportados) en sus comunidades de origen se expresan en pobreza, en desempleo y la falta de oportunidades para el desarrollo o impulso de actividades agrícolas productivas”, destaca el documento.

HUYEN DE LA POBREZA. El estudio se realizó en las comunidades de San José Calderas, Chimachoy y Panimaquín (Chimaltenango, oeste), así como en la aldea El Rosario de San Miguel Dueñas (Sacatepéquez, oeste), dijo a la AFP la consultora Patricia Bezares, coordinadora del diagnóstico.

El documento destaca que los guatemaltecos beneficiados con el envío de remesas ascienden a casi 4.4 millones, de los que el 44.8% son hombres y el restante 55.2% mujeres.

“No hay empleo ni respuesta por parte del gobierno. Hay personas con hijos enfermos y no tienen cómo curarlos. En mi comunidad no hay luz, no hay agua y no hay seguridad”, señaló a la AFP Marco Tulio Guerra, de 42 años, quien tiene que conseguir el sustento para su esposa y sus tres hijos.

Guerra también fue capturado en Postville el 12 de mayo y deportado el 14 de octubre del año pasado, fecha desde la cual no consigue un empleo que le permita mejorar sus condiciones socioeconómicas en Guatemala.

El diagnóstico sugiere que desde las instancias gubernamentales y programas de asistencia social se asignen recursos de emergencia para atender a los guatemaltecos que son víctimas de las deportaciones masivas que se dan desde Estados Unidos.

“El problema es que regresan a sus comunidades de origen a encontrar las mismas condiciones que los motivaron a buscar mejores oportunidades de desarrollo para ellos y sus familias”, agregó Bezares.

HAMBRE ABATE A GUATEMALTECOS. Más de 54,000 familias pobres, habitantes del denominado “corredor seco” del este y noreste de Guatemala, han sido declaradas en estado crítico por la falta de alimentos para subsistir, debido a la pérdida de sus cosechas de maíz y frijoles, granos en los que la población basa su dieta alimenticia.

Otras 300,000 familias habitantes de esa zona corren el peligro de padecer una situación similar por las mismas causas.

De Centroamérica, Guatemala, es uno de los países más afectados por la sequía, donde en 2009 se registraron unos 400 muertos por inanición, la sequía afectó hasta el 90% de los cultivos de maíz y frijol, básicos en la dieta de los pueblos centroamericanos.

El gobierno de Guatemala espera dar alimentos a 640,000 familias pobres este año, para afrontar la aguda escasez de alimentos originada en una prolongada sequía.

“El propósito para 2010 es reducir la pobreza, la desnutrición infantil y las pérdidas en la cosechas” de granos básicos como frijol y maíz, comentó a la prensa la directora de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), Lily Caravantes.

Explicó que esa estrategia está contemplada en un plan de acción denominado “Guatemala sin hambre”, en el cual participan -además de las autoridades del gobierno central- gobernadores, alcaldes y directores ejecutivos de toda la República.

“En el año en curso, 640,000 familias serán beneficiadas con alimentos, con un costo aproximado de 1.5 millones de dólares”, detalló Caravantes.