Exigen respeto a la Constitución en Honduras

Los próximos cinco días serán cruciales para la solución de la crisis de la cuarta urna ilegal, en tanto el Congreso Nacional aprueba la Ley Especial que reglamenta la aplicación de las consultas populares conocidas constitucionalmente como el referéndum y el plebisicito.

La reglamentación de estas figuras daría al traste al proyecto del Poder Ejecutivo de colocar una cuarta urna en las elecciones generales del mes de noviembre para convocar a una constituyente, bajo el supuesto que la población la solicitó en una encuesta que se realizará el 28 de junio, pese a que este acto ha sido declarado ilegal e improcedente.

La discusión en su tercer y último debate de la Ley del Plebiscito y Referéndum está prevista para el próximo lunes, mientras la comisión de dictamen realiza las últimas consultas a las organizaciones de la sociedad civil y el presidente del CN logra un consenso con el gobernante, Manuel Zelaya Rosales, en cuanto a que su iniciativa de consultar al pueblo hondureño se realice por el único mecanismo legal que reconoce la Constitución de la República (el plebiscito y el referéndum).

“Debería de poner fiesta”

Sobre el particular, el candidato presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos Ordóñez, declaró que el presidente Zelaya “debiera de estar contento porque su pretensión de una consulta popular se hará realidad apegada a la legalidad con la Ley Especial del Plebiscito y el Referéndum”.

“Estamos felices con lo que el Congreso Nacional ha avanzado en la reglamentación de las figuras de consulta reconocidas por la Constitución de la República. Yo creo que este es el resultado inmediato de las reuniones que se han producido entre el presidente Zelaya y el titular del Congreso Nacional, Roberto Micheletti”, declaró Elvin Santos.

“Para mí, el presidente Zelaya debiera de estar contentísimo, es más, debería de poner fiesta porque lo que él ha propiciado ya se está legalizando y eso es una gran noticia para el pueblo hondureño”.

Sin embargo, con su tradicional sarcasmo, el presidente Zelaya ha dicho en torno a la Ley del Plebiscito y Referéndum que “eso no sirve”, a su juicio, porque no permite modificar los artículo pétreos.

Zelaya reiteró que su intención es convocar la Asamblea Nacional Constituyente, una propuesta que la oposición considera que es para consolidar su plan político de imponer un nuevo sistema de gobierno y perpetuarse en el poder.

“Puede ir preso”

Sobre la persistencia del mandatario, la ex designada presidencial y miembro de la Alianza por Honduras en Paz y Democracia, Armida de López Contreras, dijo que Zelaya puede ir preso por invocar el rompimiento constitucional.

Armida de López señaló que resulta difícil hacer un análisis de los argumentos que plantea el presidente Zelaya en su defensa de la encuesta ilegal “porque siempre miente.

Lo que sí tiene claro es que la verdadera intención de Zelaya es seguir en el poder más allá de los 4 años que indica la Constitución, porque “quiere imitar a Hugo Chávez”, declaró la ex designada.

Reiteró que la encuesta de opinión está al margen de la ley porque es el inicio del proceso para romper el orden constitucional y quienes “lo promuevan pueden ir presos”.

Es factible que plebiscito se realice en noviembre

El presidente de la comisión especial que dictaminó la Ley Especial del Referéndum y el Plebiscito, diputado Rigoberto Chang Castillo, no descartó que en el marco de los arreglos a que lleguen el presidente Zelaya y los sectores políticos, la consulta popular se realizará el 29 de noviembre aprovechando la logística de las elecciones generales.

Para ello, indicó, habrá que cambiar el dictamen que establece que estas consultas no podrán realizarse 180 días antes y posteriores a las elecciones nacionales o municipales.

“La reforma dependerá del consenso a que arriben el presidente Zelaya con el presidente del CN y el candidato liberal, Elvin Santos, porque ya está claro que el candidato nacionalista, Porfirio Lobo está de acuerdo con la cuarta urna legal, indicó.

* Intención:

El gobierno busca torcer la ley por el interés particular del presidente Zelaya de perpetuarse en el poder, sostienen las organizaciones de la sociedad civil en una carta pública.