Honduras
Una batalla campal entre jueces y la coordinadora se ha desatado en la instalaciones de los Juzgados Unificados de lo Penal de Tegucigalpa.
El motivo: los primeros exigen su destitución por violentar la independencia de los jueces y Emily Page manifiesta que lo que quiere es transparentar la actividad en los tribunales de justicia.
Los jueces acusaron a Page ante el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el atentado a la independencia de los jueces y citaron el caso de la juez Alina Aguilera, quien lleva el caso del secuestro del joven Pablo Botto, donde están siendo procesados dos policías y un ex empleado de la empresa de la familia de la víctima.
La coordinadora supuestamente envió una nota escrita de su puño y letra -acompañada de un convenio internacional suscrito por Honduras- donde le señalaba los artículos que podía aplicar en ese caso y le subrayó los que tenían que ver con lo de secuestro.
El juez Mario Ríos manifestó que ellos no pueden estar de acuerdo con una coordinadora cuando “ni tan siquiera ha cubierto una declaración de imputado, una audiencia inicial, no sabe cómo se manejan este tipo de cosas”.
Agregó que, antes de tomar medidas, “ella tenía que reunirse con todos nosotros y ver cómo funcionaba el tribunal y no venir de buenas a primeras a decirnos que vamos a trabajar de la forma que ella quiere; consideramos que nos viene a faltar el respeto, porque somos jueces de carrera”.
Mientras que la coordinadora Emily Page apunto que “es penoso, es lamentable y hasta diría yo bochornoso que jueces de este nivel estén tomando cuestiones de carácter tan doméstico, cuestiones que se pueden dialogar”.
Page aseguro que el hecho que no haya sido juez de letras no significa que no conozca el procedimiento (en los juzgados).
Nuevo conflicto
La coordinadora giró el día de ayer un memorándum donde se prohíbe el ingreso de personas particulares a la sala donde están los despachos de los jueces.
El ingreso ha sido restringido a los defensores privados, así como a los públicos, y abarca a los periodistas que brindan cobertura a esta fuente de información.
Los jueces tendrán que notificar a los guardias de seguridad qué personas, con nombre apellido, y sin son fiscales o defensores los que ingresaran a las salas.
Esta nueva decisión de Page causó malestar entre los defensores públicos y privados, así como en los mismos fiscales por considerar que es “una arbitrariedad por parte de la coordinadora”.
Con esta posición adoptada por la coordinadora, los abogados no podrán revisar los expedientes de sus defendidos, sino hasta el día en que les toque realizar la audiencia.
En este enfrentamiento, los jueces han recibido el apoyo del presidente de la asociación de jueces, Teodoro Bonilla, quien acompañó a una delegación de jueces que se presentó a la Corte Suprema de Justicia a denunciar las acciones de la coordinadora.
“El nombramiento de Emily Page no fue sometido a un concurso, no se han cumpliendo los requisitos, y por eso hemos solicitado al pleno de los 15 magistrados que las partes sean sentadas y escuchen los argumentos, y será el pleno el que tome la decisión”, apuntó Bonilla.
De no solucionarse la problemática, los jueces aseguraron que realizarán una huelga de hambre en los próximos días.
* La cifra: 18 De los 22 jueces asignados a los tribunales, 18 están de acuerdo con la posición adoptada por sus compañeros.