Honduras
En una extensa jornada de debate se convirtió la audiencia inicial en la que se acusa a dos abogados y un estudiante de derecho por la falsificación de dos cheques que pertenecÃan al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp).
La abogada Rixa Antúnez, defensora, reveló anoche que la jueza Alina Aguilera benefició dictando sobreseimientos definitivos y provisionales a los tres acusados por el Ministerio Público: los abogados Óscar Eduardo Cano Bonilla, Carlos Raúl Chajtur y el universitario Mauricio Ubense Acosta.
Inmediatamente se conoció que la fiscal contra la Corrupción, Sagrario Salinas, interpondrá hoy mismo un recurso de apelación por la resolución emitida por la jueza.
La audiencia comenzó el pasado viernes a las 9:00 de la mañana y finalizó ayer a las 8:00 de la noche.
A estos la FiscalÃa los acusó por estafa, hurto, falsificación de documentos públicos, falsificación de tÃtulos valores, falsificación de sellos y lavado de activos, en perjuicio del Injupemp, de la fe pública y de la economÃa del Estado.
Anoche la defensa de los sospechosos presentó varias nulidades prorrogando de esa forma la audiencia ya que la juez debÃa resolverlas antes de emitir la resolución.
La FiscalÃa pedÃa que se dictara auto de prisión mientras que la defensa solicitaba un sobreseimiento.
Hechos
La FiscalÃa contra la Corrupción inició la investigación a raÃz de la denuncia interpuesta por las actuales autoridades del Injupemp.
En la misma se relacionaba la sustracción de dos cheques de la tesorerÃa de esa institución.
Estos fueron sustraÃdos en blanco y se sospecha que en una casa particular fueron llenados con máquina de escribir: el primero con la suma de 5 millones 900 mil lempiras y el segundo con 12 millones 250 mil lempiras.
Según el Ministerio Público, a ambos cheques les fue falsificada la firma del subdirector y gerente de Finanzas del Injupemp, Samuel Discua y Manuel Ramos, respectivamente.
Se determinó que en la transacción no aparece el número de tarjeta de identidad del depositante ni la firma del cajero que recibió el depósito y aún asà logró ser depositado en una sucursal bancaria de la capital y posteriormente autorizado por la Cámara de Compensación del BCH, sin que se detectaran las irregularidades referidas a violaciones a medidas de seguridad.