Fiscalía apelará libertad por caso Injupemp

La Fiscalía contra la Corrupción interpondrá una apelación en contra del sobreseimiento dictado a tres acusados por la estafa millonaria al Injupemp.

En audiencia inicial, la jueza Alina Aguilera dictó sobreseimientos definitivos y provisionales a los tres acusados por la Fiscalía: los abogados Carlos Raúl Chajtur, Óscar Eduardo Cano Bonilla y al universitario Mauricio Ubence Acosta.

A estos la Fiscalía los supone responsable de los delitos de estafa, hurto, falsificación de documentos públicos, falsificación de títulos y lavado de activos, en perjuicio del Injupemp, de la fe pública y de la economía del Estado.

El caso refiere a la sustracción y falsificación de dos cheques del Injupemp, uno por 12 millones 250 mil lempiras y otro por 5 millones 900 mil lempiras.

Los imputados fueron capturados en forma in fraganti, cuando efectuaban las transacciones de depósitos y retiros en instituciones bancarias.

En la audiencia, la defensa acreditó que los procesados habían hecho transacciones en venta de inmuebles, razón por la que a criterio de la jueza se justificaba la procedencia de millonarias sumas de dinero en cuentas bancarias de los sospechosos.

Apelación

La Fiscalía externó ayer su inconformidad por el fallo emitido por la jueza Aguilera, contra el que se presentará un recurso ante la Corte de Apelaciones.

"Estamos esperando recibir el acta donde está la resolución judicial, para expresar nuestros agravios correspondientes y hacer uso de las impugnaciones que tiene derecho el Ministerio Público", manifestó el fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado.

Según la Fiscalía, la jueza no valoró las pruebas aportadas en la audiencia inicial.

"Para nosotros (los sobreseimientos dictados) es una bofetada a la justicia lo que ha ocurrido", manifestó Salgado, visiblemente molesto.

A su juicio, la Fiscalía acreditó que los sospechosos tenían en sus cuentas bancarias unos 15 millones de lempiras, la falsificación de cheques y la tarjeta de identidad de la persona que efectuó los depósitos, entre otras evidencias.

"De considerar la buena voluntad de tener este dinero en sus cuentas eran ellos (acusados) y no presentaron ningún elemento probatorio, por lo tanto la juez debió estimar este concepto", explicó.

El fiscal no se explica cómo el Juzgado valoró compras de bienes inmuebles, cuando uno de los sospechosos estaba inhabilitado para efectuar actos y contratos.

"Esta situación, como miembros del Ministerio Público, nos llena de mucha pena en el concepto de justicia, nosotros vamos a ejercer las acciones inmediatamente", lamentó Salgado.

"Bien que a cualquier persona por una gallina le decretan un auto de prisión y aquí por 18 millones (de lempiras) a nadie le decretan un auto de prisión, eso es totalmente injusto", puntualizó.