Juez resolvería esta semana caso de la Enee

La ex gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Rixi Moncada espera una resolución definitiva del juez que lleva su caso para esta semana.

Así lo indicaron los funcionarios hondureños de los tribunales de justicia, quienes adelantaron que entre hoy y mañana se realizan las audiencias de evacuación de pruebas.

El Ministerio Público interpuso un requerimiento fiscal contra Rixi Moncada por suponerla responsable de los delitos de fraude y abuso de autoridad al suscribir un contrato de arrendamiento del edificio que actualmente ocupan las oficinas administrativas de la Enee.

En esta acción jurídica también se incluyeron al ex comisionado presidencial, Arístides Mejía y la ex ministra de Finanzas, Rebeca Patricia Santos, quienes fungían en sus cargos durante la administración del ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.

Rebeca Santos no se ha presentado a los juzgados, ya que anda prófuga de la justicia después de la destitución constitucional del ex presidente Manuel Zelaya el 28 de junio pasado.

Por su parte, Arístides Mejía se presentó a la justicia de Honduras el mismo día que Rixi Moncada, pero no participa en las audiencias de evacuación de pruebas porque se le excusó debido a la muerte de su padre la semana pasada, aunque es representado por su abogado René Velásquez.

En el caso de Rixi Moncada, ella misma se representa legalmente aunque la acompaña la ex ministra de Trabajo, Mayra Mejía, debido a que se ha convertido en su custodia por las medidas sustitutivas que le impuso el juez.

Moncada, Mejía y Rebeca Santos fueron acusados por el Ministerio Público de cometer los delitos de abuso de autoridad y fraude al haber suscrito un contrato de arrendamiento del edificio donde actualmente funcionan las oficinas administrativas de la Enee, ubicado en residencial El Trapiche por la cantidad de 15 millones de lempiras, cuando la institución solo tenía presupuestado un monto de siete millones anuales para alquiler de edificios.

Según el requerimiento fiscal, la edificación no contaba con las instalaciones de teléfono, internet, no tenía baños privados ni las divisiones para cada oficina.

La fiscalía establece que durante la licitación había otros edificios que cumplían todos los requisitos para las oficinas y a un precio menor, pero estas ofertas fueron desechadas por los ex funcionarios.