Rixi Moncada y Arístides Mejía, libres de acción penal; queda la civil

A casi un mes de haberse presentado de manera voluntaria a los Juzgados de lo Penal, la mañana de ayer se dictó un sobreseimiento definitivo para dos ex funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya.

Tras la lectura de una resolución que constaba de 139 páginas, el juez Mario Ríos emitió la sentencia por los delitos de abuso de autoridad y fraude que les imputó la Fiscalía contra la Corrupción a Rixi Moncada y Arístides Mejía, quienes ayer quedaron en libertad definitiva.

"El tribunal ha tenido a bien dictar un sobreseimiento definitivo después de varios estudios a la Constitución de la República, y en base a ley hemos emitido que la decisión tomada por la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no se encuentra o no se dan los elementos del tipo penal, sin embargo, existe un expediente administrativo en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) donde se está determinando si existe o no alguna responsabilidad civil por parte de los ex funcionarios", declaró el juez.

Asimismo, aseguro que, según la Ley de Contratación del Estado en su artículo 2 y de acuerdo al Reglamento de esta misma ley en su artículo 5, se establece que los tipos de contratos que deben ser sometidos en este caso a licitación pública son los de orden patrimonial.

Si nos vamos al derecho civil, los contratos de derecho patrimonial son aquellos que están sujetos al derecho privado, no al derecho público, y por lo tanto debe deducirse la responsabilidad ante los juzgados de lo civil o en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, prosiguió.

Presentarán apelación

Por su parte, la fiscal Karla Patricia García Arita dijo que entre los días lunes y miércoles el Ministerio Público estará presentando el recurso de apelación ante la Corte Primera de Apelaciones, al no estar de acuerdo con la resolución emitida por el juez.

La acusación de la Fiscalía consistía en que los ex funcionarios no habían realizado una licitación para el alquiler del edificio que ocupa las oficinas de la ENEE y por el cual se pagaban 30 millones de lempiras, sin tener un respaldo presupuestario ya que esta institución solo tenía destinado siete millones para alquiler de edificios.

Según la Fiscalía, habían otros edificios a menor costo y el ubicado a inmediaciones de residencial el Trapiche era uno de los más costosos.

El actual gerente de la estatal, Roberto Martínez Lozano, ha renovado el contrato por dos años más, con una rebaja de cuatro millones de lempiras.

El informe realizado por el TSC respecto al alquiler del edificio está siendo analizado para una posible acusación en los Juzgados de lo Civil.