Por faltas graves, CSJ destituye a varios jueces

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió destituir a seis jueces por violentar la Ley de la Carrera Judicial.

Entre los funcionarios judiciales separados de sus cargos está Tirza Flores Lanza, hermana del ex ministro de la Presidencia y prófugo de la justicia, Enrique Flores Lanza, quien se desempeñaba como magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula.

Otro funcionario separado es Guillermo López Lone, esposo de Tirza Flores, quien fungía como juez de sentencia de los tribunales sampedranos.

Ambos aparecen en los registros de la Secretaría de la Sala Constitucional como entre los que interpusieron recursos de amparo en contra del allanamiento, captura y separación del cargo de Manuel Zelaya.

Las demandas las incoaron aún siendo funcionarios judiciales, lo que fue calificado como falta grave, al ejecutar actos fuera de su función judicial.

Luis Barrios, Luis Chévez, Osman Fajardo y José Flores Ponce son los otros separados. Los afectados aseguraron ayer en rueda de prensa que las separaciones obedecen a asuntos políticos.

"Estos despidos son ilegales, arbitrarios e injustificados, no tienen ningún sustento jurídico, porque no hemos cometido ninguna falta", aseguró Flores, quien integra la Asociación de Jueces por la Democracia.

Los destituidos expusieron que harán uso de instancias legales contra lo resuelto por la CSJ.

Sin embargo, la CSJ asegura que las destituciones son legales. "No hay ninguna persecución política", manifestó la magistrada Rosa de Lourdes Paz.

Los expedientes son remitidos por la Inspectoría de Tribunales, quien recomienda las medidas disciplinarias.

"No puede haber algo en la Corte que no esté fundamentado en ley, como Corte Suprema somos cuidadosos de que se cumpla la ley", ratificó.

Aseguró que a nadie se destituye por pensar diferente. Sin embargo, "la investidura de juez conlleva ciertos deberes, tenemos algunas limitaciones", dijo. La separación de los jueces se concretó con el voto favorable de diez magistrados, cinco votaron en contra.

Otra resolución que se adoptó fue abrir un expediente investigativo de las actuaciones de Sixto Aguilar, magistrado de la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa, por tres denuncias de supuestos actos irregulares.