Seguridad cuestiona labor del Poder Judicial

La liberación de dos sujetos que fueron encontrados en posesión de 72 proyectiles de 40 milímetros ha puesto en la palestra pública la correcta aplicación de la justicia en Honduras.

El asesor del Ministerio Público Rigoberto Espinal Irías dijo que siempre ha sido posible procesar a magistrados y a jueces, pero que para la protección de la función jurisdiccional existe la figura del antejuicio.

El profesional del Derecho explicó que hay que diferenciar entre las irregularidades procesales que le quitarían su libertad de acción a los jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones, quienes son independientes.

Si los magistrados tratan de imponerle una línea a un juez, éstos tienen el derecho de quejarse y denunciar esta acción ante la propia Corte Suprema. Y si la Corte Suprema en bloque está influyendo en decisiones de jueces, entonces se informa al Fiscal General para que ejercite las acciones correspondientes, explicó.

Reconoció que hace falta claridad en las normas disciplinarias para corregir administrativamente y penalmente a jueces y magistrados.

Pero para evitar la "extraindependencia" de los jueces existe la Inspectoría de Tribunales, explicó.

Espinal Irías recomendó la separación de la Inspectoría de los Tribunales, como en su momento se hizo con el Ministerio Público y la Defensa Pública, para mejorar la forma de operar de estos organismos judiciales.

"Yo creo que 'Pepe' Lobo olvida que él era presidente del Congreso Nacional cuando derogó las disposiciones que le daban inmunidad al presidente de la República y a otros altos funcionarios y quedaron expuestos a las acciones directas y eso fue porque derogaron esas disposiciones en vez de mejorar el orden procesal".

Por su parte, el ministro de Seguridad Óscar Álvarez respondió que, si la ciudad se encuentra en estado de sitio por la inseguridad, se debe a la impunidad.

“Si nosotros capturamos a un delincuente que está traficando armas, matando gente, secuestrando personas y queda libre lo que genera es que el resto de los delincuentes se dediquen más a cometer el delito sin temor a ser perseguido e ir a la cárcel", denunció.

"Es por eso que nosotros estamos haciendo una nueva forma de imponer castigos, que es el régimen especial que es la Ley Antimafias".

Los delincuentes organizados culpables de extorsión, chantaje y asociación ilícita deberían ser considerados "enemigos del Estado y (es necesario) un régimen especial para poderlos perseguir (porque) ellos ya no son delincuentes comunes que se roban una cartera sino que son personas que están tratando de destruir el Estado derecho, la democracia como tal", agregó.

"Nosotros promoveremos que estos delincuentes sean considerados como enemigos del Estado", puntualizó.

La gota que derramó la copa en el conflicto entre Seguridad y el Poder Judicial fue la liberación de los hondureños Renán Montes Pérez y Alexander Pinzón Cambar, capturados con 72 granadas de 40 milímetros.

"Están las fotografías, se levantó el caso con la presencia de los fiscales, se les acusa de asociación ilícita y tenencia y portación de armas de guerra y en el juicio se les cambia el delito por transporte ilegal de armas de guerra, lo cual el Código Penal lo castiga con cinco a siete años de reclusión (que) es conmutable, o sea (que se puede) hacer un pago y defenderse en libertad".

El secretario de Seguridad contó que una fuente del Poder Judicial le informó sobre un estudio que revela a jueces que solo trabajan tres horas diarias, y que es más fácil separar a un magistrado que a un funcionario que ha cometido delito.

En ese sentido, Álvarez recomendó hacer una depuración en ese poder del Estado, así como ha estado haciendo la Policía Nacional, que en 2010 separó a unos 150 policías por cometer faltas y delitos y en este año ya ha detenido a 25 agentes acusados de integrar el crimen organizado.

"Tenemos más de 169 órdenes de captura ejecutadas en contra de policías y estamos haciendo acciones y no sabemos qué está pasando dentro de la Corte Suprema, qué está sucediendo con la Fiscalía en donde la mayoría de los defensores del crimen organizado son exfiscales", señaló.

"Hay que hacer un estudio de quiénes son los que están defendiendo a los narcotraficantes o personas del crimen organizado (en el que) sus abogados son exfiscales", dijo el funcionario.

Según Álvarez, la Fiscalía debería hacer un estudio sobre "estas personas (que) fueron fiscales (para determinar) cuál fue su récord y luego le echan la culpa a la investigación" cuando el acusado sale en libertad.

"Es cierto que hacen falta investigadores, pero las investigaciones son muy buenas y aquí siempre se ha dicho" que son malas, reclamó Álvarez.

"Yo creo que todos tenemos que enviar el mensaje que estamos en contra de la delincuencia y no echarle la culpa siempre a la policía, no todos estamos halando en la misma dirección", finalizó.

En Consejo de Ministros el martes, el presidente Porfirio Lobo propuso regular al Poder Judicial, después que el titular de Seguridad se quejó de la liberación de los sujetos detenidos con los proyectiles.