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Estado es culpable de inseguridad en Honduras

La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, pidió a los paises que colaboran en materia de seguridad, que no lo hagan "porque están alimentando a un monstruo".
31.10.11 - Actualizado: 31.10.11 06:23pm - Redacción: redaccion@elheraldo.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

El aparato gubernamental es culpable del estado de indefensión y la inseguridad que viven los hondureños. Ese es el criterio de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, quien acusó a la Policía Nacional de obstruir las investigaciones y de resguardar en su interior a los delincuentes.

Castellanos, madre de Rafael Alejandro Vargas Valladares, quien fuera asesinado junto a Carlos David Pineda Rodíguez la madrugada del sábado 22 de octubre, aseguró hoy que está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias para esclarecer el crimen contra su hijo.

En declaraciones al foro Frente a Frente de Televicentro, la funcionaria afirmó que "hay una indefensión frente al Estado. Aquí no hay Estado, hay una indefensión de la ciudadanía porque hay una falta de respuesta".

También argumentó que la ineficiencia policial no obedece a la falta de herramientas necesarias y que en lugar de colaborar obstruye las investigaciones.

La policía, señaló, es culpable de la ola de violencia, ya que en “su interior tiene a los delincuentes".

Ante estas circunstancias, Castellanos pidió a los países que colaboran con Honduras en materia de seguridad que “deben de revisar sus políticas porque están alimentando a un monstruo que no tiene ninguna voluntad”.

Cuestionamientos al Ministerio Público

Las declaraciones de la rectora de la máxima casa de estudios de Honduras fueron vertidas tras la desaparición de cuatro miembros de la Policía Nacional identificados como presuntos autores materiales del asesinato de los dos jóvenes universitarios.

Los tres agentes y un oficial debían presentarse a laborar ayer al mediodía, en vista de que su jefe inmediato autorizara su fin de semana franco, pese a que había recibido instrucciones precisas de mantenerlos bajo custodia.

Los cuatro sospechosos debían regresar a la Jefatura Metropolitana I del barrio Los Dolores de Tegucigalpa, pero no lo hicieron, según lo confirmó el subcomisionado Jorge Barralaga.

Castellanos cuestionó el hecho de que el Ministerio Público no presentó un requerimiento fiscal aunque desde el viernes por la noche tenía en su poder los resultados de las pruebas de ADN practicadas a una de las patrullas decomisadas al distrito policial del barrio La Granja de Comayagüela, donde estaban asignados los sospechosos.

Las pruebas dieron positivo en la comparación a las muestras de sangre extraídas a Alejandro Vargas, lo cual era suficiente para que el Ministerio Público solicitara las órdenes de captura; sin embargo, no lo hizo.

Los biólogos del Ministerio Público, luego de recabar más evidencias en el lugar donde encontraron los cuerpos de los estudiantes universitarios, también fueron “perseguidos por policías que andaban en vehículos civiles y quisieron decomisar las pruebas y tuvo que intervenir la seguridad del Fiscal General para evitar que las pruebas fueran decomisadas”, aseguró la funcionaria.

Aparte de las pruebas científicas, Castellanos reclamó que la policía no quiere entregar el arma con la que se cometieron los crímenes y mientras no tenga la prueba de balística no dará positiva en los fusiles decomisados al distrito policial porque entre ellos no está el arma homicida.

Entre las pruebas recabadas se encuentran los vídeos de algunos negocios ubicados en la zona donde se efectuaba el retén, tras lo cual ocurrió el crimen contra los dos jóvenes.

“Se ven dos camionetas que participan, que se supone son oficiales que están dando instrucciones de cómo deshacerse del cadáver. Los vídeos no son de buena calidad porque son cámaras de la zona, pero se ha pretendido enviarlas a Estados Unidos para que la analicen", indicó.

Las acciones realizadas por la policía y el Ministerio Público son consideradas “una burla, es indignante", reclamó.

"Al presidente Porfirio Lobo Sosa le dije: 'quién nos da garantía en este país, quién gobierna este país. Cómo es posible que la policía tiene una formación de mando jerárquico y no obedece órdenes, quién gobierna a la policía, quién decide en este país si no es la Secretaría de Seguridad, el Fiscal General o el Presidente'", añadió.

La rectora dijo que le gustaría ver sentada a la fiscal Sandra Ponce y a otros funcionarios para que expliquen por qué no presentaron el requerimiento fiscal el mismo viernes en que dio positiva la prueba de ADN.

Custodio: "Todos estamos en peligro"

Respecto a este caso, Ramón Custodio, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), dijo que en Honduras "todos estamos en peligro. Hay un aparato organizado de poder donde los oficiales de policía tienen licencia para matar y extorsionar”.

"Los policías parece que fueran los dueños del país, matan, trafican con armas y no pasa nada. Los mandos superiores transitan en la impunidad, por lo que es necesaria la intervención inmediata de ese cuerpo contaminado”, señaló.

Para Custodio, "es urgente rescatar la policía en una forma legal e institucionalidad”.

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La rectora de la UNAH Julieta Castellanos llegó hoy al Ministerio Público para ver los avances en la investigación del crimen de su hijo.

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