Sin interés para prevenir y combatir lavado de activos

El Estado de Honduras no define una política que prevenga y combata el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Así se refleja un informe elaborado por el Banco Mundial (BM), que evaluó a Honduras sobre la implementación de medidas preventivas y represión de estos flagelos.

El “Informe detallado de la evaluación en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo” es producto de un trabajo de especialistas del BM que permanecieron en el país del 26 de noviembre de 2007 al 12 de diciembre de ese año, los resultados se publicaron hasta 2008.

La evaluación a Honduras se basó en las 40 recomendaciones que en el año 2004 hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), del cual el país forma parte.

El informe del BM, al cual EL HERALDO tuvo acceso, consta de 99 páginas en las que se insertan 379 items sobre los comentarios de la evaluación.

Cabe señalar que producto de las recomendaciones del Gafi, Honduras creo la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento Contra el Terrorismo, coordinada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; sin embargo, sus integrantes no se reúnen desde hace tres años.

El desinterés demostrado hace concluir en el BM que Honduras está en deuda con la definición y cumplimiento de políticas que prevengan y repriman estos dos flagelos del crimen organizado.

Hallazgos

Entre las principales conclusiones que el BM define en su extenso informe está el incumplimiento parcial o total de las 40 recomendaciones que le dispuso cumplir el Gafi.

“Es preciso hacer modificaciones vitales a las leyes y reglamentaciones para que Honduras cuente con un régimen de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo más eficaz”, cita el informe.

En el numeral cinco del informe se cita que en Honduras “existe falta de dirección y coordinación estratégicas entre los participantes, es preciso crear un centro y organismo de coordinación con la participación de representantes superiores de todas las entidades relacionadas con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo a fin de garantizar que se logre la colaboración más eficaz”.

Este punto se cumpliría con la inmediata aprobación e implementación de medidas políticas, reglamentarias y jurídicas. Asimismo, las entidades relacionadas, como los ministerios Público y Seguridad, deben compartir estadísticas sobre la carga de trabajo, desempeño y resultados.

“Por razones geográficas, económicas y sociales, Honduras es altamente vulnerable al dinero proveniente de actividades delictivas; el país suele considerarse punto de paso para el tráfico de drogas entre América del Sur y América del Norte”, cita el informe.

“El nivel de corrupción en los sectores público y privado se define como ‘elevado’; el contrabando, incluido el de personas, la inmigración y otros tipos de tráfico, en especial de armas, está generalizado, se cree que los fondos provenientes de la corrupción y el narcotráfico, entre otras actividades ilegales, están concentrados en bienes raíces y automotores”, expone.

Lagunas en marco legal

Una prioridad a corto plazo, cita el informe, debería ser la mejora significativa de la ejecución del marco legal actual, que permitiría una mejor materialización de su potencial.

“Solo entonces estará Honduras en una mejor posición para abordar los defectos que existen en su marco de lucha contra el lavado de activos”, señala.

Otro punto establece que Honduras no cuenta con un marco legislativo que le permita ejecutar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ordena inmovilizar los activos relacionados con el terrorismo.

Se establece que las reglamentaciones referidas al control del lavado de activos para el sector bancario tienen requisitos mínimos, como el de conocer al cliente, beneficiarios y el seguimiento de informes de transacciones atípicas.

Se cuestiona que solo se verifica información de requisitos en clientes hondureños de alto riesgo, no el caso de extranjeros.

“Honduras no adoptó un enfoque basado en el riesgo de que aproximadamente el 10% de los clientes existentes no presentaron información que cumpliera con los requisitos.

Esto deja abierta la posibilidad de que estos clientes sean personas políticamente expuestas u clientes de alto riesgo”, cita el informe.

El punto 26 establece que los requisitos de identificación para transferencias electrónicas están incorporados a la ley, pero la ejecución en el sector privado no satisface los estándares.

“Las autoridades deberían garantizar que todas las instituciones financieras que ofrecen transferencias de fondos incluyan y reciban con la transferencia toda la información obligatoria sobre quien las origina”, añade.

Se propone supervisar a las instituciones que se dedican a la transferencia de remesas y que están fuera de control. “Deben aplicarse sanciones a las instituciones que no satisfagan la legislación”, recomienda.

Deficiencias

Por otro lado, el informe detecta que en Honduras las Ong funcionan como fundaciones, por lo tanto deben estar registradas en la Secretaría de Gobernación.

“Anualmente se presentan estados financieros al registro mencionado, pero no se toman medidas sobre ellos; es preciso realizar un análisis detallado del sector de las organizaciones sin fines de lucro a fin de evaluar su vulnerabilidad en relación con el financiamiento del terrorismo”, expone.

“Las autoridades de Honduras no pudieron hacer un análisis formal de la situación general en relación con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, todo indica que no se han realizado análisis de este tipo”, especifica el informe.

Se detalla que la investigación se dificulta porque la mayor parte de la información pública no está computarizada.

“Los tribunales tienen dificultades para lidiar con el fenómeno de lavado de activos, suele sostenerse que trabajos relacionados no conocen la ley o la gravedad de los delitos que juzgan, se necesita capacitación judicial”, recomienda el informe.

En un resumen de los factores se especifican calificaciones de “incumplimiento” en el tratamiento del tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.